Le pedían "moche" a familia para que su restaurante operara en Oaxaca

En marzo de 2021, la familia Pérez Vargas comenzó a materializar el sueño de abrir su restaurante en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña; no obstante, no sabían que se convertiría en una pesadilla por trámites burocráticos, extorsión y delincuencia por parte de las autoridades municipales.

Gerardo Pérez, recuerda que rentaron un lugar que de acuerdo con el arrendatario ya había funcionado como restaurante, por lo que todo estaba en regla; no obstante, durante las primeras dos semanas de apertura, llegaron inspectores del Ayuntamiento a solicitarles los documentos del lugar y se dieron cuenta que el comercio anterior era irregular.

“El arrendatario nos dijo que el comercio anterior operaba como restaurante, pero no tenía permiso y que cada mes pasaban los inspectores por una mensualidad, nosotros no quisimos participar en eso y ahí comenzó la pesadilla”, declara.

El emprendedor recuerda que al solicitarle los papeles al arrendatario, éste le dijo que el restaurante anterior no se los había solicitado y trabajó de forma irregular, por lo que les recomendaba que también trabajaran por sobornos.

Comparte que rentaron el lugar en marzo de 2021, pero iniciaron operaciones en mayo de ese año, pues invirtieron en la remodelación del lugar para recibir a los clientes, por lo que a las dos semanas de apertura fue que comenzaron las intimidaciones.

Gerardo relata que después de la primera visita de los inspectores, estos regresaron a ver si ya tenían los documentos en regla, por lo que él les comentó que había iniciado trámites en el municipio, además de permisos de salubridad y otros.

“Ellos me dijeron que no podía trabajar así y que teníamos que cerrar hasta tener los papeles en regla y nosotros seguimos las órdenes, a pesar de que nos habían dicho que teníamos un mes en lo que nos daban los papeles”, argumenta.

Sin embargo, menciona que durante esos meses, habían prestado el lugar para realizar un colectivo de mujeres emprendedoras que haría un trueque para tener ingresos, el cual se realizó un domingo.

“El evento no llevaba ni una hora de haber comenzado cuando llegaron los inspectores a clausurar el lugar y a pesar de que les dijimos que no estábamos funcionando como restaurante, no hicieron caso; incluso nos dijeron que ellos ni laboraban ese día, pero los mandaron a llamar”, expone.

Gerardo relata que los inspectores le dijeron que si en ese momento iban a pagar la multa, iban a desclausurar el lugar; no obstante, a pesar de haber pagado, no lo hicieron.

Asimismo, acudieron con salubridad y otras áreas del Ayuntamiento para ver si había avance con sus trámites de apertura, pero las respuestas no eran favorables.

Además de esto, los vecinos del lugar les avisaron a él y a su familia que una persona se había metido a robar y a pesar de que quisieron ir a ver para poder interponer su denuncia ante la Fiscalía, los inspectores le dijeron que no podían retirar los sellos.

Fue entre agosto y septiembre cuando la familia se dio por vencida y les dijo a los del Ayuntamiento que quitaran los sellos porque ya no iban a seguir con su emprendimiento.

Al entrar, se dieron cuenta que la persona que entró a robar, se llevó utensilios, mesas, televisiones, la bomba de agua y hasta las cámaras de vigilancia.

El emprendedor y su familia lamentan que este tipo de situaciones lleguen a pasar sólo por querer trabajar de manera correcta y transparente.

“Eran todos nuestros ahorros, de mis papás, de mis hermanos y míos, fueron 6 meses de trabajo, de trámites, vueltas a la Fiscalía, sigue sin saberse quién nos robó y los inspectores siguen amedrentando personas”, señala.