Organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), alertaron sobre los riesgos por el cambio de uso de suelo en el parque estatal Cerro del Crestón.
Lo anterior luego de que el pasado 29 de julio el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez acordara derogar el acuerdo de noviembre de 2021, que mantenía suspendidos los trámites y autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva del municipio.
A través de un posicionamiento conjunto destacaron que esta medida responde a “poderosos intereses que pugnan, como lo han hecho desde hace años, por eliminar restricciones ambientales a sus beneficios inmobiliarios”.
En un documento signado por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.; Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca; Centro Universitario Comunal de los Valles Centrales - Universidad Autónoma Comunitaria de Oaxaca; Colectivo Hacer Tequio, AC, por citar algunos, indicaron que el acuerdo del cabildo municipal, realizado a la sombra de las fiestas de la Guelaguetza, en poco contribuye a dar certeza jurídica a poseedores y habitantes de la zona, como se esgrimió para justificar la medida.
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La revocación realizada recientemente, ya se había intentado realizar en distintas ocasiones, la última en 2023 lo que generó polémicas y enfrentamientos entre ambientalistas y presuntos propietarios del ejido Guadalupe Victoria y zonas aledañas.
La medida había quedado en suspenso hasta que el gobierno del estado concluyera la revisión limítrofe del decreto de área natural protegida, emitido en 1991 por el entonces gobernador Heladio Ramírez.
Frente a lo anterior las 28 organizaciones firmantes exigieron que se respeten los derechos legítimos de posesión y propiedad de particulares, núcleos agrarios y comunidades, así como el derecho humano colectivo a un medio ambiente sano.
De igual manera consideraron necesario ratificarse la disposición de privilegiar la concertación como medio para dirimir diferencias.
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Señalaron que, si bien los conflictos se centran en alrededor de 1 mil 200 hectáreas que comprenden el decreto recientemente georreferido, se debe mantener la visión integral de conservación de toda la Cordillera.
“Conservarla es tarea urgente y prioritaria de sociedad y gobierno. Por razones biofísicas, sociales y financieras, es completamente inviable el desarrollo urbano en la Cordillera, la cual se extiende a 60 mil hectáreas”.
Destacaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno y el poder legislativo, de manera conjunta, están obligadas a orientar y difundan medidas jurídicas, administrativas y presupuestales con el objetivo de brindar la más alta protección de esta zona y a los servicios ecológicos que brindan a la población.
