La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició las investigaciones sobre las condiciones en que murió un migrante africano en los separos municipales de Juchitán de Zaragoza.
El ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla informó que el organismo autónomo abrió el expediente DDHPO/0052/RIJ/(10)/OAX/2022, donde solicitó informes a la autoridad de ese municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, sobre los hechos registrados y además requirió a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe sobre la carpeta de investigación y copia del dictamen de necropsia de ley y certificado médico de fallecimiento.
Explicó que la DDHPO ha registrado cinco defunciones en centros de detención municipal de Salina Cruz, Santa María Huatulco, Santa Catarina Juquila, Tlalixtac de Cabrera y Juchitán de Zaragoza, donde dos de ellos corresponden a personas extranjeras.
Subrayó que los separos municipales requieren del establecimiento de protocolos de atención, contar con médicos, así como con cámaras de seguridad.
Destacó que resulta importante atender las causas estructurales de origen de este tipo de situaciones y la necesidad de regular estos espacios, así como tomar acciones de prevención.
De esta manera, resaltó que es necesario brindar a las autoridades municipales herramientas y estrategias para ayudar a realizar su función con el pleno respeto a los derechos humanos, así como sensibilizarlos respecto a que la integridad de las personas que están bajo su resguardo son su responsabilidad.
Observó que el Estado debe articular políticas públicas para salvaguardar su integridad y dignidad, porque las personas migrantes más allá de su estatus migratorio conservan sus derechos humanos.
Rodríguez Alamilla dijo que todas las instituciones del Estado tienen la obligación de atender la migración con un enfoque de derechos humanos y priorizar el principio pro persona, es decir, colocar en el centro de la toma de decisiones a las personas migrantes, en sus acciones, programas y políticas públicas.
Rodríguez Alamilla dijo que todas las autoridades tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas, ya sea que estén en custodia de la autoridad o independientemente de su situación migratoria, porque es su deber procurar salvaguardar la integridad, dignidad y la vida de todas las personas.
Casi 20 fallecidos
De enero de 2015 a la fecha, se han registrado 18 defunciones de personas en centros de detención municipal.
