La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó ayer la muerte de Abigail H. U. sucedida en la cárcel municipal de Salina Cruz y dio a conocer que inició una investigación la actuación de la autoridad municipal.
El titular del organismo Bernardo Rodríguez Alamilla informó que la DDHPO tuvo conocimiento de la detención de la víctima, la tarde-noche del viernes pasado por una supuesta falta administrativa por agentes de la Policía Municipal, aunque apareció muerta horas más tarde.
Sobre el caso –anotó–, familiares denunciaron que la víctima fue golpeada por los policías municipales, ocasionando su muerte, además que reportaron la causa de su muerte por un suicidio.
De esta manera explicó que la DDHPO inició el expediente de queja DDHPO/1271/(21)/OAX/2022 para investigar la actuación de la autoridad municipal de Salina Cruz y además requirió a la Fiscalía General del Estado investigar el caso con perspectiva de género.
Subrayó que la DDHPO ha documentado ocho muertes entre enero de 2020, hasta este mes de agosto, en los centros de detención municipales, porque estos espacios se han convertido en zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos.
Por eso, destacó que ha insistido en la necesidad del establecimiento de mecanismos para atender las causas estructurales de origen de este tipo de hechos, porque es urgente contar con mecanismos para garantizar la seguridad e integridad de las personas en esos espacios.
Además, resaltó que la DDHPO ha insistido en la capacitación de los cuerpos de seguridad municipales y así tengan las herramientas jurídicas y técnicas para desempeñar sus actividades sin violentar derechos humanos o el marco jurídico.
El ombudsperson dijo que el organismo autónomo respeta las atribuciones legales de las autoridades municipales, así como de los mecanismos de organización de las comunidades regidas por sistemas normativos internos, pero tienen la obligación legal de contar con mecanismos para asegurar la integridad física y psicológica de las personas, así como con instalaciones con una infraestructura adecuada para brindar atención integral y con pleno respeto a los derechos humanos.
