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Generará un precedente la sentencia de la SCJN, asegura activista

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Foto(s): Cortesía
Octavio Vélez Ascencio

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ratificó el amparo por la desaparición forzada de los militantes del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, generará un precedente para garantizar las medidas de reparación integral del daño para las víctimas de este crimen de lesa humanidad, afirmó la representante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Nadín Reyes Maldonado.

“Pero, sobre todo, reafirmará la importancia de establecer pautas para garantizar el derecho a ser buscado y acceder a la verdad y la justicia”, asentó.

La activista sostuvo que la resolución de la SCJN ha sido gracias a la lucha de manera consecuente y al conjunto de esfuerzos tanto jurídicos como políticos y de derechos humanos de los familiares y de organizaciones solidarias durante más de 15 años.

“La constante denuncia y movilización dio como resultado que de manera jurídica como política se reconozca en la vía de los hechos que la desaparición forzada es un crimen de Estado perpetrado por diversas corporaciones policiacas y militares como ha quedado demostrado”, anotó.

Por eso, expuso que la sentencia de la SCJN beneficiará a las víctimas y trazará los pasos para acabar con la impunidad en los casos de desaparición forzada en el país.

“Será de suma trascendencia no sólo para el caso concreto, sino para miles de víctimas”, reiteró.

Además, subrayó que la resolución de la SCJN se convierte en un aliciente para los familiares para continuar en la búsqueda de justicia y de verdad, a fin de conocer el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

“Exigimos su presentación con vida”, reclamó.

Ante esto, destacó que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos mantendrá su lucha para lograr el cumplimiento de la sentencia por las diferentes instancias del Estado mexicano y sean presentados con vida las víctimas, pero sobre todo, para la detención, enjuiciamiento y castigo de policías y militares por cometer este crimen de lesa humanidad.

 

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