Con la consigna de encabezar una férrea defensa de la propiedad social ante “el intento del gobierno del estado por privatizar los bienes comunales y ejidales bajo el argumento de recaudar más impuestos y regularizar la tenencia de la tierra”; organizaciones sociales y Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales de la Costa, Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec se constituyeron en un bloque organizativo que emprenderá acciones jurídicas, mediáticas y movilizaciones para vetar lo que definieron como “un retroceso e intento de despojo de los pueblos originarios”.
Reunidos en la casa comunal de San Pedro Pochutla ante la convocatoria del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de este lugar, Miguel Enrique Gutiérrez Velásquez, comuneros, integrantes de organizaciones sociales, representantes ejidales y comunales de diversas regiones de la entidad, se pronunciaron en contra del apartado incluido en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2024, por el que se crea el “Programa de Certeza Jurídica de la Tierra para la Seguridad y Bienestar del Patrimonio”, mismo que busca incorporar a la propiedad privada predios ejidales y comunales para incrementar el padrón de la propiedad inmobiliaria y el impuesto predial.
Movilizaciones, ruta social y jurídica
Con un “no” rotundo a la privatización de las tierras, los integrantes del frente organizativo anunciaron movilizaciones en toda la entidad y el desarrollo de una ruta social y jurídica al considerar que la propuesta gubernamental viola el artículo 27 de la Constitución, y con la exigencia a los diputados de la actual legislatura de Oaxaca que “echen abajo el apartado incluido en la Ley de Ingresos por estar en contra de ejidos y comunidades”.
“Vamos a emprender una lucha de movilizaciones, una lucha mediática y jurídica, además de plasmar un manifiesto agrarista que sustente nuestras demandas. Estaremos impulsando una reforma integral al artículo 27 constitucional para el fortalecimiento de la propiedad social y promulgación de una nueva Ley Agraria. Ya no nos pueden engañar con espejitos para quitarnos nuestras mejores tierras. Ya no podemos permitir el agandalle y por ello vamos a actuar de forma organizada”, manifestó Miguel Enrique Gutiérrez.
Omisión en apoyos gubernamentales a comunidades
El líder comunal insistió en que se debe derogar el artículo 25 de la Ley de Ingresos porque no se puede gravar la propiedad social. El gobierno quiere cobrar impuestos de forma voraz cuando la tierra es nuestra, de los comuneros; el impuesto debe ser para los dueños de la tierra, nosotros no recibimos recursos de ningún gobierno y fuimos dotados con una resolución presidencial.
En el mismo sentido, Francisco Ortiz, de la Unión de Ejidos y Bienes Comunales del Istmo cuestionó que durante años el gobierno no ha volteado a ver a los comuneros como dueños de las tierras, “nunca ha regresado al ejido o comunidades apoyos gubernamentales, por ello el gobierno estatal debe comprometerse a entregar un presupuesto a ejidos y núcleos agrarios y no solo pretender recaudar más impuestos”.
Adicionalmente, integrantes del ejido de Pueblo Nuevo destacaron que la iniciativa del gobierno estatal va más allá de la recaudación y sugirieron que “se trata de privatizar nuestras playas, nuestras minas, bosques, por ello hoy hacemos esta denuncia para que llegue a todos los núcleos agrarios y comunidades de Oaxaca, que no se dejen sorprender. Por eso hoy nos sumamos a esta lucha por nuestro territorio, porque el gobierno no puede darnos certeza jurídica de algo que es nuestro”.
