Familia no pierde la esperanza de encontrar a militantes con vida | NVI Noticias Pasar al contenido principal
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Familia no pierde la esperanza de encontrar a militantes con vida

Citlalli López Velázquez

En las palabras de Nadin Reyes Maldonado no hay titubeo cuando expresa que, a 15 años de la desaparición forzada de su padre Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la esperanza de hallarlos con vida se sostiene, sobre todo ahora que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga al Ejército a abrir los cuarteles para la búsqueda con una comisión especial para ello.

“Como familiares nunca hemos perdido la esperanza, por eso nuestra insistencia en la búsqueda con vida y que se abran los cuarteles militares, porque sabemos que un lugar como éste es en donde se les vio por última vez”, expresó en entrevista la Fundadora y coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.

 

Gabriel Alberto Cruz Sánchez y a Edmundo Reyes Amaya, fueron detenidos el 25 de mayo de 2007 por elementos de la policía de Oaxaca quienes los pusieron a disposición del Ejército mexicano. De acuerdo con testimonios recabados durante el proceso judicial, ambos militantes del EPR habrían sido ingresados a la Zona Militar número 1 conocido como Campo Marte en la Ciudad de México.

“Mantenemos esa exigencia y decimos: puede ser que hayan pasado muchas cosas durante todo ese tiempo, pero no seremos nosotros quienes los demos por muertos. Si el Estado los asesinó, si cometió algún crimen en su contra, será el Estado quien tenga que, en la investigación, asentarlo y reconocerlo”.

La sentencia emitida por la SCJN el pasado 10 de agosto ordena abrir las instalaciones militares para investigar la ubicación de las víctimas, interrogar a los mandos vinculados a los hechos y publicar los avances de las pesquisas.

El máximo tribunal del país estableció que las autoridades obligadas con este fallo son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

“Este es un fallo histórico para los familiares de las víctimas de desaparición forzada, un logro en particular para el caso de nuestros familiares y es un logro importante para muchos de quienes nos acompañaron en este proceso de 15 años de lucha. Este es el primer caso de manera histórica que la SCJN resuelve y más por ser un caso de desaparición forzada por motivos políticos”, apuntó.

No obstante, el procedente y parámetros generales para casos de desaparición forzada en el país, la lucha aún continúa, la exigencia ahora se concreta hacia el gobierno federal e instancias señaladas en la resolución para que cumpla cabalmente lo establecido en la resolución, sobre todo en el caso de la Sedena para cite a comparecer a altos mandos militares que estuvieron en funciones en 2007.

“Ahora le toca al gobierno federal el cumplimiento de esta sentencia, que se ejecute en los plazos establecidos. Viene un proceso de mayor exigencia”.

Mientras tanto, los integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos se mantienen instalados en plantón desde el pasado 1 de agosto frente a las instalaciones de la SCJN y permanecerán de manera indefinida hasta que se de seguimiento y cumplimiento a lo que marca la sentencia.

Celebran amparo sobre eperristas

El amparo de la Suprema Corte de Justicia en favor de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos desde 2007 en Oaxaca, confirma el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas con vida y la importancia del derecho a la verdad, señaló ayer la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Asimismo, expuso, constata que la judicialización de los casos en México por desaparición sigue siendo una excepción y que las herramientas disponibles de las autoridades son poco conocidas y aplicadas, además de que deja entrever una actitud pasiva de varias instituciones judiciales frente a las desapariciones, temas que con la decisión de la Corte, deben ser revertidas.

El pasado miércoles la Corte resolvió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las Policías del estado y el municipio de Oaxaca son responsables de la desaparición forzada de las dos personas, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero aún se desconoce.

Al conceder un amparo a los familiares de ambos eperristas, se estableció que la Sedena tendrá que colaborar para aclarar el paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, como parte de las medidas de reparación que aprobó la primera sala de la Corte.

"El día de ayer la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 51/2020 promovido por la hija y hermana, respectivamente, de los señores Reyes y Cruz. En su decisión, la SCJN establece criterios relevantes que ayudan a definir el rol de quienes imparten justicia en temas relacionados con esta importante y dolorosa materia que aflige a miles de personas en México.

"Se reconoce la gravedad de los actos de desaparición forzada, su enorme impacto particularmente en las víctimas y sus familiares, y la necesidad de fortalecer los mecanismos para combatir esta práctica, retomando la normativa internacional y los estándares adoptados por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó la ONU-DH.

Con el amparo, agregó, se precisan criterios para la actuación de quienes imparten justicia en materia de amparo con base en el establecimiento de un estándar de prueba atenuado en la definición de las desapariciones forzadas y se determina que las autoridades de amparo pueden fijar medidas encaminadas a proveer una reparación integral a las víctimas.

"Para la ONU-DH esta decisión, sumada a la adoptada con ocasión del Amparo en Revisión 1077/2019 (que reconoció fuerza vinculante a las acciones urgentes emitidas por el CED a efecto de que se busque y localice a una persona desaparecida), confirma el relevante papel que están llamados a desempañar la SCJN y en general los poderes judiciales como instancias garantes de los derechos de las víctimas del flagelo de la desaparición de personas.

"La ONU-DH espera que a decisión sea un parteaguas en el quehacer jurisdiccional para las familias que buscan justicia, verdad y reparación", indicó.

En el marco del informe derivado de su visita a México, el CED definió, dentro de las prioridades que debe atender la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, la necesidad de "remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desapariciones forzadas".

"La ONU-DH reconoce a las familias de las personas desaparecidas y a quienes les han acompañado y asesorado por más de quince años. Ellas, sumadas a las más de 100 mil familias con algún ser querido desaparecido en México, son el motor que impulsa las acciones de combate a la desaparición en el país", señaló.

 

“Como familiares nunca hemos perdido la esperanza, por eso nuestra insistencia en la búsqueda con vida y que se abran los cuarteles militares, porque sabemos que un lugar como éste es en donde se les vio por última vez”.

Nadin Reyes Maldonado, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

 

25 de mayo de 2007 Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos por elementos de la policía de Oaxaca quienes los pusieron a disposición del Ejército mexicano.