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Exige APIIDTT información sobre el proyecto Helax en el Istmo

Representantes de pueblos indígenas del Istmo exigen conocer los impactos ambientales y sociales del proyecto industrial Helax en su territorio.
Foto(s): Cortesía
Redacción

La Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) exigió a las autoridades mexicanas y al fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ofrecer información pública sobre los eventuales cambios del proyecto Helax de producción de hidrógeno y amoniaco verde en tierras comunales y ejidales de Ciudad Ixtepec y Asunción Ixtaltepec.

En una carta, respaldada por 130 organizaciones nacionales e internacionales, dio a conocer que la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés firmó en 2023 un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para desarrollar su proyecto con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares, como parte de las actividades industriales relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Expuso que el proyecto contempla la construcción de un parque fotovoltaico con casi tres millones de paneles (1,674 MW) sobre cinco mil hectáreas de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec. 

Además, explicó que incluye nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Ciudad Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, 

También, detalló que está prevista la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, así como la construcción de otra planta para la transformación del hidrógeno en amoniaco en Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz.

Sin embargo, precisó que no existe documentación oficial pública para conocer a detalle las características reales del proyecto y el fondo de inversión danés ha presentado alguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los diferentes componentes.

A pesar de la ausencia de información y permisos, subrayó que los promoventes empresariales y gubernamentales han buscado avanzar en la firma de acuerdos con las comunidades para la renta de tierras destinadas a los distintos componentes del proyecto.

No obstante, resaltó que el ha iniciado una supuesta consulta indígena en siete comunidades de la región Ciudad Ixtepec, Chivela, El Mezquite, El Morrito, Mena Nizanda, Santa Rosa y Santiago Ixtaltepec, sin existir mayor información pública sobre su desarrollo. 

Independientemente de esto, destacó que la filial Helax Istmo informó al CIIT sobre un proceso de reconfiguración estratégica del Proyecto Helax, originalmente concebido como una iniciativa de hidrógeno verde, para la generación de energía eléctrica.

Aparte de esto, observó que ni CIP ni las autoridades mexicanas han informado públicamente sobre este cambio y así se profundiza la opacidad del proyecto y deja abiertas nuevas preguntas sobre sus verdaderos alcances, su carácter especulativo y los impactos para esas comunidades del Istmo de Tehuantepec.

Por esto, manifestó su oposición al proyecto de Helax (CIP), sin importar que por ahora se limite a generar electricidad y no hidrógeno o amoniaco.

De esta manera, exigió a las autoridades mexicanas y a CIP informar públicamente sobre los cambios previstos en el proyecto, por ejemplo, si oficialmente deja de formar parte del CIIT. 

Igualmente, convocó a la solidaridad regional, nacional e internacional para dar a conocer y denunciar este proyecto, particularmente frente a los actores financieros quienes lo hacen posible, incluido el fondo CIP en Europa. 

Así, también hizo un llamado a los organismos de derechos humanos de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a las organizaciones de la sociedad civil en Dinamarca y en otros países donde CIP tiene operaciones para exigir el respeto a los estándares de derechos humanos y ambientales en sus inversiones. 

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