Citlalli López Velázquez
Cuando en 1992 el entonces gobernador del estado, Heladio Ramírez López decretó el cerro del Crestón como Reserva Ecológica lo hizo sin realizar una expropiación o indemnización a las y los propietarios.
Al paso de los años convirtió el lugar en una zona de conflicto en donde quienes ostentan títulos de propiedad desde 1935, ven en riesgo la pérdida de su patrimonio frente al ingreso de grupos denominados ecologistas quienes bajo argumento de rescate a la zona, han ingresado a propiedad privada.
“Hay personas que se dicen llamar ecologistas y bajo ese pretexto se han metido en propiedad privada a querer sembrar”, señaló Isaías Sibaja uno de los propietarios quien considera que en el fondo lo que buscan es adueñarse para sí de los predios.
Con escritura en mano, Ana Luz Ramos Soto, también propietaria de un área de 7 mil metros en el Cerro del Crestón adquirida por su abuela Domitila Alcázar de Ramos en 1937, explicó que las instancias como la Semaedeso, se han prestado a la confusión y enfrentamiento entre ciudadanía, pues por un lado los reconocen como propietarios y por otro alientan a los grupos de ecologistas a ingresar a sembrar árboles.
A su vez, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en las distintas administraciones también se ha prestado al desconcierto a través del cobro de pago de predial, barrido de calles y recolección de basura en predios del cerro del crestón, a la par de establecer multas para quienes han intentado hacer uso de sus terrenos para el establecimiento de algún proyecto de construcción.
“Lo que queremos es que el municipio de Oaxaca de Juárez vea que existen los propietarios y que estamos presentando nuestros papeles de propiedad, los años en los que estamos pagando nuestros impuestos, que ha habido donaciones de áreas al municipio”.
Isaías Sibaja agregó que el decreto emitido por Heladio Ramírez López no tiene una poligonal bien definida toda vez que se hizo 14 días antes de que dejara el cargo y a manera de afectar a ejidatarios y comuneros quienes en su momento se negaron a vender sus predios a costos sumamente bajos para la apertura del Libramiento Norte. “Los querían presionar para que vendieran a un peso la hectárea”, relató.
