El paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Congreso federal el pasado 5 de febrero, que incluye 18 reformas constitucionales y 2 a leyes secundarias, constituye los cimientos de un nuevo constitucionalismo mexicano, afirmó el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, al participar en el Foro Regional Diálogo Nacional por la Libertad y la Autodeterminación de las Comunidades Indígenas, organizado por la 65 legislatura del Congreso estatal.
Ante legisladores locales y federales, añadió que estos cimientos están fundados en el humanismo mexicano, que promueve el presidente López Obrador.
Destacó que, en este paquete de reformas constitucionales, la primera iniciativa que se envió fue la relativa a la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El director general del INPI, Adelfo Regino Montes, participa en el foro “Diálogo por la libertad y la autodeterminación de las comunidades indígenas”, en el H. Congreso de #Oaxaca, en el marco de los Foros del Diálogo Nacional organizados por el Poder Legislativo, para analizar… pic.twitter.com/N4D4dLZhV8
— INPI (@INPImx) April 2, 2024
“Quiero aprovechar esta ocasión, para citar textualmente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló al presentar esta reforma al artículo 2º de la Constitución federal: reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derechos públicos, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México; consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten”.
Regino Montes, añadió que la piedra angular de la reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “esto significa que nuestros pueblos tendrán la capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos, sin ningún tipo de intermediación y tomar decisiones en sus asambleas, las que serán respetadas por el gobierno y la sociedad”.
Así como elegir y nombrar a sus autoridades en asambleas, como ocurre en Oaxaca donde de los 570 municipios en 417 se elige a las autoridades en asambleas comunitarias practicando la democracia de manera directa, lo que ha dado paz, gobernabilidad y tranquilidad a la entidad.
“Pero es un proceso que está creciendo en al país, porque justamente en Cherán, Michoacán; en Ayutla de los Libre, Guerrero; en Oxchuc, Chiapas; Tlaxcala y Morelos; en varios municipios de México, están reivindicando la asamblea como el mecanismo para elegir a sus autoridades y esto es lo que queremos llevar al texto constitucional, porque reitero fortalece la democracia y el sistema federalista de nuestro país”.
El funcionario público federal manifestó que en general la iniciativa plantea que a partir del reconocimiento como sujetos de derecho público, puedan defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.
“Para sintetizar diría que el planteamiento del reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público deja atrás está vieja visión que lamentablemente ha considerado a nuestros pueblos como objetos o en su caso como sujetos de interés, como si fuéramos seres inanimados, sujetos a tutelaje o como menores de edad; se trata de abandonar esta vieja lógica para entrar en una nueva etapa en la que los pueblos sean sujetos de su propia historia, que puedan definir su propio desarrollo y su propio porvenir, sin ningún tipo de tutelaje, sin ningún tipo de ataduras, sin ningún tipo de imposiciones, porque eso significa la autonomía y la libertad”.
