Pobladores desplazados de las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonoyuji y Mier y Terán, pertenecientes a San Esteban Atatlahuca, región de la Mixteca, reclamaron al Estado mexicano el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las acciones urgentes del Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La representante de los afectados, Sebastiana Paz Bautista informó que un grupo armado integrado por autoridades de la cabecera municipal perpetró un ataque a Guerrero Grande, el 23 de octubre de 2021, donde murió uno sus habitantes, Isidoro Hernández, y fueron desaparecidos Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño.
Expuso que peritos y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas hizo un levantamiento de restos óseos calcinados encontrados en dos casas quemadas en esa comunidad de Guerrero Grande, pero hasta el momento no se ha determinado pericialmente si pertenecen a los desaparecidos.
Además, expuso que el grupo armado también incursionó en Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, donde ocasionaron varios daños e incendiaron más de 100 viviendas.
De este manera, explicó que la CIDH dictó las medidas cautelares MC-1050-21, el 23 de diciembre del 2021, en favor de los habitantes de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji, así como de otros, para proteger sus derechos a la vida e integridad física.
Aparte de esto, detalló que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, el 31 de diciembre, emitió la Acción Urgente 1456/2021 y 1460/2021, para requerir la búsqueda inmediata de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño y Mayolo Quiroz Barrios, así como de la defensora del bosque, Irma Galindo Barrios, vista por última vez el 27 de octubre de ese mismo año.
Subrayó que dos de los presuntos responsables de los hechos, el presidente municipal de San Sestaban Atatlahuca, Rogelio Bautista Barrios y el síndico hacendario, Carlos Riaño Sandoval, fueron arrestados en julio del 2022, pero el juez de control decretó su liberación durante la audiencia de control por una supuesta detención ilegal.
Ante ello, la representante demandó el cumplimiento de los mecanismos de protección internacionales, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado su obligatoriedad para el Estado Mexicano.
