Uno de los retos a los que Concepción Ayala Dionisio ha enfrentado a lo largo de su carrera es el mito de que las mujeres no pueden desempeñarse en el ámbito penal por tratarse de una materia considerada riesgosa.
Su experiencia como jueza en la materia desde hace 12 años en el estado de Oaxaca ha derribado ese estereotipo.
“Desde niña vi en mi madre la empatía y solidaridad con las personas. Cuando la escuchaba hablar de problemas que tenía familiares o amigos con abogados que los habían engañado y no alcanzaban la justicia, empecé a tener la inquietud de estudiar derecho. Quería ayudar a las personas”, relata.
Como abogada litigante tuvo el primer acercamiento con personas que buscaban justicia. Percatarse que existían en algunos funcionarios del ámbito judicial insensibilidad para tratar a las víctimas la impulsó a postularse y llegar a ser jueza en Oaxaca.
“Hay funcionarios púbicos que se vuelven burocráticos y pierden la esencia. Ahora ven a las personas como número o estadísticas, dejan de lado que son víctimas buscando justicia. Cuando se me da la oportunidad de poder acceder al concurso para lograr a ser jueza, entro con esta convicción de realizar el servicio de una manera diferente a lo que yo había vivido como abogada litigante”, agrega.
En su paso por diferentes regiones del estado, ha constatado que el acceso a la justicia no es igual para todas las personas, particularmente para las mujeres y pueblos indígenas.
“Hay múltiples barreras: la distancia entre comunidades y juzgados, la falta de traductores de lenguas indígenas, la carencia de asesoría jurídica gratuita. El Poder Judicial tiene que actuar para generar condiciones de igualdad”, comenta. Desde su experiencia, cuando detecta condiciones de vulnerabilidad, actúa de oficio para establecer medidas de protección o garantizar intérpretes.
Concepción Ayala Dionisio es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), ha sumado a su formación académica especialidades en derecho familiar, civil y mercantil, así como una maestría en derecho procesal penal. Ingresó al Poder Judicial del Estado de Oaxaca en 2013 como jueza de control en materia penal, después de un riguroso proceso de selección abierto a toda la comunidad jurídica.
Desde entonces, ha ejercido su función en diversas regiones del estado, como la Mixteca, el Istmo, la Costa y los Valles Centrales, lo cual le ha permitido conocer de cerca las diversas realidades que enfrentan las comunidades en el acceso a la justicia.
La principal diferencia entre su actual cargo y la judicatura federal penal a la que aspira radica en los delitos que se abordan. Mientras a nivel estatal se juzgan delitos como secuestro, violencia familiar o robo, a nivel federal se abordan delitos como delincuencia organizada, tráfico de drogas, robo de combustibles y personas.
