El consejero jurídico del Gobierno de Oaxaca, Geovany Vásquez Sagrero, confirmó que el Decreto 24, mediante el cual fueron eliminadas más de mil plazas de burócratas en la administración estatal pasada, sigue vigente, pese a los más de 800 amparos y demandas laborales promovidas por los trabajadores afectados.
De acuerdo con el funcionario, ninguna de esas acciones legales prosperó. Explicó que la ruta jurídica trazada por la Consejería permitió la reinstalación de empleados mediante convenios celebrados en la Junta de Arbitraje, autoridad competente para dirimir los conflictos laborales del servicio civil.
“Se respetó la antigüedad de los trabajadores y se garantizó que los convenios se realizaran de manera correcta”, aseguró Vásquez Sagrero. Detalló que se reinstalaron inicialmente 667 empleados entre diciembre y febrero; y posteriormente, a un ritmo de 80 por día, se concretó la reincorporación del resto, que son más de 600.
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El consejero enfatizó que el decreto no se derogó, sino que los acuerdos fueron resoluciones individuales derivadas de la voluntad política del gobernador y de los convenios ante la Junta de Arbitraje. En ese sentido, subrayó que su papel fue actuar como abogado del Estado y del gobernador, respetando la decisión tomada tras el diálogo con el comité sindical.
Respecto a las denuncias por presuntos “moches” a trabajadores para ser reinstalados, Vásquez Sagrero sostuvo que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción investigar esos señalamientos.
En otro tema, reconoció la gravedad de la situación financiera del fondo de pensiones, al señalar que los recursos provenientes de cuotas de trabajadores y del propio gobierno resultan insuficientes. Recordó que este año se inyectaron 700 millones de pesos adicionales y que para el último año del sexenio se prevé destinar hasta 1,200 millones extras.
“El fondo de pensiones está desfondado. Estamos ya en una crisis para poder garantizar el pago a los trabajadores jubilados”, advirtió.
Con ello, el funcionario dejó claro que, aunque el Decreto 24 permanece firme en el marco jurídico nacional, la solución a los conflictos laborales en Oaxaca se dio por la vía política y administrativa, mientras que la crisis de pensiones representa hoy el mayor desafío para el gobierno estatal.
