La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reforzó su vigilancia en los centros de reinserción social para verificar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
El ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla informó que en una primera etapa, un equipo multidisciplinario del órgano autónomo, junto con integrantes de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), hicieron visitas a los centros de reinserción social varonil y femenil de Tanivet y Etla, así como a la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
“A través de puentes de comunicación directa con la población privada de la libertad se inhiben posibles actos de violaciones a derechos humanos y se pugna por la dignidad”, asentó.
Explicó que la DDHPO ha iniciado 353 expedientes por posibles violaciones a los derechos humanos en centros de reinserción social, entre 2020 y el 29 de agosto de 2022.
“Por eso, resulta fundamental redoblar la observación en estos espacios”, agregó.
Detalló que el órgano autónomo ha recibido entre las quejas más comunes las relacionadas con la integridad personal, el derecho a la salud, legalidad, al debido proceso y al trabajo.
Además, precisó que la DHHPO y Asilegal, en un trabajo conjunto, efectuarán un diagnóstico conocer el contexto de las personas privadas de su libertad en el estado.
“Es preciso conocer las condiciones y contextos de las personas privadas de su libertad, porque la información que genere el diagnóstico puede coadyuvar a construir políticas públicas que permitan generar procesos de reinserción integrales y con una perspectiva de derechos humanos e interseccional”, anotó.
De esta manera, resaltó que las instituciones necesitan crear procesos sólidos de reinserción, así como alternativas de solución distintas a la prisión dentro del sistema de justicia y así tengan un impacto más positivo en temas de seguridad y justicia.
Rodríguez Alamilla dijo que el trabajo coordinado de la DDHPO con Asilegal forma parte de los acuerdos establecidos en un convenio para promover mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
