Luis Ignacio Velásquez
EL Poder Legislativo del Estado aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Administración Pública, que preside el diputado Ericel Gómez Nucamendi, a fin de que las convocatorias para ocupar las magistraturas en el Poder Judicial y el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Ejecutivo solo permita la participación de mujeres, garantizando el principio de paridad de género.
El punto de acuerdo aprobado, señala que en sociedades como la mexicana, así como la de nuestro estado, pueden existir desigualdades que se derivan del trato que ciertas personas han recibido históricamente por su pertenencia a ciertos grupos, como las mujeres.
Añade que este trato diferenciado, en la gran mayoría de las situaciones, estaba consagrado en la misma ley. De ahí que el primer paso para remediarlo sea la igualdad formal, la erradicación de las diferencias jurídicas.
Acciones afirmativas
Las autoridades jurisdiccionales han señalado que la igualdad formal no es suficiente para que deje de existir una desigualdad real.
De ahí, -añade-, que sea necesario volver a realizar una diferenciación jurídica, estableciendo medidas compensatorias que garanticen la igualdad material a favor de los grupos sociales discriminados, por la posición desventajosa en la cual sus miembros se encuentran respecto del resto de los integrantes de la sociedad.
Este tipo de medidas suelen llamarse acciones afirmativas.
Dice que, de esta manera, las demandas de las mujeres en temas laborales y el incremento en su participación ha modificado sus condiciones de trabajo remunerado, pero aun ahora, las mujeres están más desfavorecidas que los hombres.
Subraya que uno de los elementos problemáticos del acceso a la justicia en nuestra entidad es el hecho de que los nombramientos de las magistraturas prevalecen desde el año de 1987 y actualmente siguen en funciones como tal, por lo que en la integración del Tribunal Superior de Justicia prevalecen en su mayoría hombres, por lo que es necesario revisar si esta situación realmente favorece la administración de la justicia local y la participación de las mujeres en los espacios de decisión e impartición de justicia.
Destaca que en la legislación actual no hay ninguna medida afirmativa e, incluso, una ventana de oportunidad para que durante la designación de las magistradas y magistrados se puedan realizar acciones afirmativas para que alguna persona proveniente de población afrodescendiente o indígena, pueda formar parte del máximo órgano de administración de justicia, en un estado donde según diversos estudios han mostrado que la composición de la población indígena llega al 60 por ciento en general, entonces hay un órgano de justicia alejado de la realidad de los gobernantes.
Contexto
El punto de acuerdo aprobado, señala que en sociedades como la mexicana, así como la de nuestro estado, pueden existir desigualdades que se derivan del trato que ciertas personas han recibido históricamente por su pertenencia a ciertos grupos, como las mujeres.
