Una misión de observación integrada por organizaciones civiles y organismos públicos de derechos humanos que visitó San Juan Juquila Mixes, constató el desplazamiento de 128 familias de la comunidad de Guadalupe Victoria y el riesgo de violencia que enfrentan después del reciente crimen de tres pobladores.
El presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, informó que personal de su organización, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas de la Segob, se reunieron con las familias desplazadas y con los familiares del defensor comunitario de derechos humanos Crispín Reyes Pablo, así como de Porfirio José Avelino y su esposa Epifanía Hernández, recientemente asesinados.
“Se constató que la población que fue desplazada en forma violenta, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, carecen de alimentos, atención médica y vivienda, ya que el gobierno estatal los ha ignorado y los ha engañado durante cinco años”, asentó.
Explicó que las familias desplazas reclamaron el esclarecimiento de los homicidios cometidos, seguridad brindada por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, el retorno seguro a su comunidad y la reparación de los daños causados en sus viviendas y tierras, así como ayuda humanitaria urgente, principalmente alimentos, medicinas y ropa.
De esta manera, requirió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgar medidas cautelares de manera urgente en favor de las familias desplazadas de Guadalupe Victoria, para que reciban de forma inmediata ayuda humanitaria.
Además, demandó que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodista de la Segob incorpore de manera colectiva a las familias desplazadas y que brinde medidas de protección de manera urgente, especialmente a las familias de las personas asesinadas recientemente
Santiago Reyes también exigió a la Fiscalía General del Estado investigar los crímenes del menor de edad, José Antonio Pérez Manuel, sucedido el 7 de enero del 2017, así como los tres recientemente registrados.
