En los últimos años, la conflictividad social y la violencia han tenido una frecuencia creciente en Oaxaca debido a violaciones a los derechos humanos, los feminicidios, las desapariciones forzadas y la presencia del crimen organizado.
De hecho, el estado ocupó en el 2021 el cuarto lugar a nivel nacional por el número de protestas.
De acuerdo con el informe Oaxaca 2022 Reclamos de Justicia y Paz, elaborado por el Espacio para el Análisis y Actuación ante la Conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz, presentado por la coordinadora del Programa Institucional de Cultura de Paz de la UABJO, Leticia Cruz López; el investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, Luis Arturo Tapia Guerrero; el presidente de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Ángel Álvarez Gándara y el coordinador general de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Marcos Leyva Madrid, el incremento de la conflictividad social y la violencia se corrobora claramente debido a los datos disponibles sobre protestas sociales, feminicidios y distintas formas de violencia.
Aunque algunos conflictos sociales se dirimen en mesas de negociación, un recurso cada vez más frecuente en Oaxaca es la protesta en las calles, aunado a un registro creciente de repertorios de violencia como componente de la conflictividad social.
A este respecto llaman particularmente la atención el uso de armas de fuego, las emboscadas, las desapariciones forzadas, los ajusticiamientos, los asesinatos de activistas, entre otros.
De manera detallada cabe observar que se reportaron mil 513 protestas entre 2012 y 2021, de la cuales, más del cincuenta por ciento se distribuyeron entre la capital del estado (37.79 por ciento) y en los municipios de Juchitán de Zaragoza (14.44 por ciento) y Matías Romero (3.26 por ciento).
Demandas de justiciaEntre 2012 y 2021, el 21.06 por ciento de los pliegos petitorios presentados incluyeron la demanda de justicia, que la convierte en la primera exigencia en la entidad.
Del total de las demandas de justicia, el 29.89 por ciento están relacionadas a la eficacia en su impartición y en su procuración, seguidas de la exigencia de libertad para personas detenidas ilegalmente por su actividad política (24.30 por ciento).
El tercer lugar lo ocupan las demandas contra las desapariciones forzadas con 13.97 por ciento, seguido de la exigencia de un alto a los homicidios con 8.66 por ciento, 7.26 por ciento en contra de abusos de policías y militares al margen de eventos de protesta, 6.15 por ciento contra feminicidios, 2.79 por ciento contra actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y 1.96 por ciento contra violaciones, abusos y acoso.
Además, 1.68 por ciento contra extorsiones, secuestros y desapariciones no atribuibles a una autoridad pública, 1.40 por ciento contra abusos cometidos contra acusados y detenidos, 0.84 por ciento con relación a los grupos de autodefensas, 0.56 por ciento contra delitos patrimoniales y 0.28 por ciento contra abusos cometidos al interior de los penales.
En los tres municipios que concentran más del 50 por ciento de las protestas por temas de justicia, se emplearon repertorios de protesta pacíficos como marchas, bloqueos y paros de labores.
