La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó el crimen del defensor comunitario y representante de 128 familias desplazadas de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, Crispín Reyes Pablo, y dio a conocer que solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), implementar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
El ombudsperson, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que personal de ese órgano autónomo estableció contacto con la familia del defensor comunitario para ofrecer su acompañamiento ante las instancias de procuración y administración de justicia.
Expuso que los defensores de derechos humanos son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues dan voz a grupos históricamente invisibilizados.
“Las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan”, asentó.
Subrayó que el homicidio del defensor comunitario se registra en un contexto de desplazamiento y de riesgo agravado por la propia defensa de las 128 familias, así como por los cacicazgos locales a los que hacía frente.
Medidas cautelares
Explicó que la DDHPO, a través del expediente DDHPO/CA/0238/(14)/OAX/2022, dictó medidas cautelares tendientes a garantizar la vida de las 128 familias desplazadas de Guadalupe Victoria.
Precisó que la DDHPO requirió a la Secretaría de Seguridad Pública realizar recorridos de vigilancia en la zona en conflicto, para evitar la repetición de hechos de violencia.
Resaltó que la DDHPO inició 10 expedientes por homicidios de personas defensoras y activistas, así como dos expedientes por la desaparición de las defensoras Claudia Uruchurtu e Irma Galindo.
Mencionó que la DDHPO ha iniciado 272 indagatorias relacionadas con agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales, 32% están relacionadas con detenciones arbitrarias, entre enero de 2015 y hasta el primer semestre de este año.
Destacó que el desplazamiento forzado interno, además de vulnerar el derecho a circular libremente y a elegir el lugar de residencia, implica la vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Dijo que el Estado mexicano está obligado a implementar una política integral de protección y prevención al fenómeno del desplazamiento forzado interno para garantizar los derechos humanos de las personas quienes, por diversas razones, se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia.
Rodríguez Alamilla pidió a las autoridades estatales crear una política integral de protección a personas defensoras que parta del reconocimiento de la obligación institucional de garantizar condiciones para ejercer, en forma libre y segura, sus labores de defensa de los derechos humanos, así como sancionar a las personas responsables de las agresiones en su contra, como estrategia para evitar la impunidad y frenar estos actos.
