El asesinato del defensor comunitario e integrante del colectivo de defensores ambientalistas de Barra de la Cruz, Cristino Castro Perea el viernes 28 de febrero en Santiago Astata en la región del Istmo de Tehuantepec resonó en la Unión Europea, Noruega y Suiza y quienes condenaron el crimen contra el defensor ambiental de Oaxaca.
Por medio de un comunicado emitido por la Delegación de la Unión Europea en México detalla que “condenamos firmemente el asesinato del defensor de derechos humanos Cristino Castro Perea”.
Cabe resaltar que el defensor ambiental era beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas desde 2023.
“Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia, colegas y amigos de la víctima. Las circunstancias del crimen y las actividades de defensoría de la víctima son indicios de que existe un vínculo directo entre las acciones en defensa de los derechos medioambientales del señor Castro Perea y su asesinato”, mencionaron.
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“La muerte del señor Castro Perea muestra el grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos”, se lee.
La organización internacional instó a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y protección para que las y los periodistas y personas defensoras en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya "zonas de silencio" donde ningún periodista se atreva a trabajar.
Además, hicieron latente su gran preocupación sobre el nivel de impunidad en casos de periodistas y personas defensoras asesinados en México en años anteriores y hacen un llamamiento para que se identifiquen y juzguen a los responsables tanto materiales como intelectuales de todos estos asesinatos.
“Refrendamos nuestra disponibilidad en seguir apoyando a México con acciones de cooperación en pro de la protección de los derechos humanos, de la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y del fortalecimiento de los servicios de procuración e impartición de justicia”, culmina el comunicado.
