El sistema penitenciario en México y en Oaxaca enfrentan retos estructurales, especialmente por el uso desmedido de la prisión preventiva que genera sobrepoblación, hacinamiento y a su vez, la existencia de autos o cogobiernos, aseguró el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Bernardo Rodríguez Alamilla.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre el órgano autónomo y la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), el ombudsperson sostuvo que resulta impostergable repensar el sistema penitenciario y presentar alternativas para contribuir a la generación de modelos de atención humanizados y con un enfoque de derechos humanos.
En presencia del director general de Asilegal y el coordinador del Área Jurídica de la organización, José Luis Gutiérrez Guzmán y Cristopher Alexis Sánchez, expuso que las autoridades necesitan establecer patrones de prevención y aplicar políticas públicas para garantizar una justicia pronta y expedita, a fin de evitar la sobrepoblación.
Además, subrayó que se necesitan crear procesos sólidos de reinserción y alternativas de solución distintas y el uso de la prisión sea una excepción y no una regla dentro del sistema de justicia.
A su vez, el director de Asilegal, José Luis Gutiérrez Guzmán detalló que el sistema penitenciario enfrenta diversos problemas, como la ausencia de políticas públicas para reconocer y atender a las personas privadas de la libertad desde un enfoque interseccional.
Explicó que en Oaxaca, el 93 por ciento de las mujeres indígenas en situación de reclusión está en prisión preventiva y carece de programas con perspectiva de género para atender circunstancias como una menstruación digna.
Destacó que otro sector invisibilizado dentro del sistema penitenciario es la población indígena, porque ni siquiera se tiene certeza del número de personas privadas de su libertad.
Aparte de esto, resaltó que tampoco se tienen datos sobre la comunidad de la diversidad sexual y sus condiciones dentro de los centros de reinserción.
Por esto, dijo que el convenio suscrito ayudará a quienes trabajan y atienden las violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, porque contarán con más herramientas para atender desde un enfoque interseccional, mejorar las necesidades de atención y apoyar a la población privada de su libertad.
Sin sentencia
De acuerdo con estadísticas de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, el 40 por ciento de las personas privadas de su libertad en el país no tienen sentencia.
