El Juzgado Primero de Distrito en el Estado no cuenta con un plan, un cronograma, ni metas para cumplir la sentencia de un juicio de amparo que ordena el rescate de los ríos Atoyac y Salado.
El presidente de Litigio Estratégico Indígena (LEI), Carlos Morales Sánchez, informó que el titular de ese juzgado, Emanuel Hernández Alva, en un acuerdo emitido en el expediente 621/2026, fechado el 23 de febrero de este año, reconoció no haber elaborado un instrumento técnico integral para organizar y dirigir el cumplimiento del fallo.
Por eso, expuso que no existe un plan formal donde se establezcan acciones concretas a realizarse, sus plazos, el presupuesto a utilizar, las autoridades responsables y cómo se va a medir si realmente se está cumpliendo la sentencia.
Explicó que un instrumento técnico de ejecución en un caso ambiental de esta magnitud debería contemplar metas específicas y medibles, un cronograma con fechas definidas, asignación presupuestal clara, indicadores verificables de avance y mecanismos de seguimiento judicial.
De este modo, precisó que la sentencia carece de una hoja de ruta para supervisar su cumplimiento de manera ordenada y transparente, sin esos elementos.
Subrayó que la ausencia de esta estructura dificulta determinar si las autoridades están cumpliendo cabalmente, si el avance es parcial o si los informes presentados carecen de resultados concretos.
Resaltó que en casos estructurales como el rescate de dos ríos altamente contaminados, la ejecución requiere coordinación interinstitucional, planeación técnica y seguimiento constante.
De hecho, detalló que el propio juzgador ha reconocido también no poder crear procedimientos especiales más allá de las disposiciones de la Ley de Amparo.
No obstante, destacó que la inexistencia de una guía técnica para conducir la ejecución coloca en el centro del debate la eficacia real de la sentencia y la capacidad institucional para traducir una resolución judicial en acciones verificables en el territorio.
Ante esto, el también activista dijo que el caso de los ríos Atoyac y Salado vuelve a evidenciar el reto enfrentado por la justicia ambiental, porque no se termina con obtener una sentencia favorable, sino con garantizar una estrategia clara, calendarizada y medible para hacerla efectiva.
