En el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas, organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a alinear impuestos y regulación para salvar miles de vidas en los próximos años.
De acuerdo con un informe, México enfrenta un rezago regulatorio frente a una crisis prevenible, ya que registra 115 decesos diarios asociados al consumo del alcohol y casi una década sin reformas de fondo.
Un año después de que la Red de Acción sobre Alcohol (RASA) y el Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol (CTISA) presentaran el Manifiesto por una política nacional para el control del alcohol, documento que demandaba al Poder Ejecutivo y Legislativo implementar una política nacional y fiscal integral para el control del consumo de bebidas alcohólicas, los avances han sido insuficientes porque falta mayor voluntad política para impulsar las reformas necesarias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido el paquete de medidas costo efectivas para reducir el consumo de alcohol, el cual incluye restringir la disponibilidad, limitar de la mercadotecnia, publicidad y promoción de bebidas alcohólicas, reforzar las medidas de contra la conducción bajo efectos del alcohol, ofrecer servicios de tamizaje, consejo breve y tratamiento, y elevar los precios a través de impuestos.
El consumo excesivo de alcohol se ha más que duplicado, lo que genera serias consecuencias para la capacidad del sistema de salud. Además, actualmente no se cuenta con un mapeo claro que permita identificar y vincular las necesidades reales de atención con las propuestas y el desarrollo de políticas públicas.
Al respecto, Luis Alonso Robledo, vocero de RASA, aseguró que México necesita avanzar con decisión hacia una política nacional y fiscal para el control de las bebidas alcohólicas.
“Es momento de avanzar hacia una política nacional y fiscal del alcohol que garantice un futuro más sano, más justo y con menos sufrimiento para las familias mexicanas”, asentó.
Mientras tanto, Luis Solís, especialista en el tratamiento de personas con problemas de consumo de alcohol, aseguró que uno de los grandes retos en el país es ajustar las políticas públicas de prevención y tratamiento a los indicadores epidemiológicos, los cuales muestran una progresión significativa del consumo de alcohol en los últimos seis años.
“Es necesario reconfigurar el sistema de salud, incorporando no solo al sector público, sino también al privado y al social, con el fin de ofrecer una atención más diversa, eficiente y suficiente para los usuarios potenciales”, agregó.
Mientras tanto, Edgar Angulo Rosas, integrante del Comité Técnico Interinstitucional sobre Alcohol subrayó que la conexión entre el alcohol y la salud mental es una emergencia de salud pública que se agrava sola.
“No podemos seguir tratándolos como problemas separados, se alimentan mutuamente en un círculo vicioso. Es urgente que las políticas en México dejen de ignorar esta realidad y actúen de forma integral. Solo uniendo fuerzas y recursos podremos detener el sufrimiento de miles y construir una sociedad más sana”, aseveró.
En tanto, Carlos Guerrero, integrante de Economics for Health, destacó que el Poder Legislativo perdió una oportunidad histórica para mejorar la salud de la población mexicana al no incluir una reforma del IEPS a las bebidas alcohólicas y así se establezca una cuota específica por mililitro de alcohol puro de 35.421 centavos para la cerveza, 68.477 centavos para fermentados y 61.393 centavos para destilados.
