Actos de violencia política, presiones y amenazas habrían llevado a Yuridia del Carmen Medina Flores a renunciar como presidenta municipal de Santa María del Río, San Luis Potosí. Tenía 15 días de haber asumido el cargo tras la muerte, en un accidente, del edil Emmanuel Govea.
Aun cuando en el oficio dirigido al cabildo señaló que la dimisión fue por así convenir a sus intereses, sin coacción o violencia, en publicaciones en sus redes sociales realizadas en fechas anteriores informó de su rechazo a autorizar la instalación de una gasolinera y gasera en el centro de la población por poner en peligro la vida de los habitantes de la localidad.
“Solo espero que no repitamos el mismo error del pasado y que el ayuntamiento no quede secuestrado por una familia. Esperamos que le den autonomía a la persona que quede en mi cargo. Todos me conocen y saben que soy una mujer trabajadora, pero hay cosas que no está en nuestras manos solucionar, no seré parte de la corrupción y de eso que luchó nuestro presidente Emmanuel Govea por erradicar”, escribió en un mensaje en sus redes sociales.
En la misma carta de renuncia solicitó licencia definitiva como regidora de mayoría, cargo que desempeñó del 2021 hasta el 5 de enero de 2023 antes de ser nombrada presidenta municipal sustituta.
“A mí no me mueve el dinero ni el soborno, yo primero veré por la seguridad de mi pueblo y su bienestar, y así será hasta que termine mi mandato. Agradecería que compartan esta información para que nuestro pueblo esté tranquilo de que los intereses y ganancias de una sola persona no son los intereses de nuestro municipio y ni de su gente”, agregó también en su red social.
Con la renuncia de Medina Flores a la presidencia del Ayuntamiento de Santa María del Río se nombró como encargado de despacho a Emmanuel Rincón Ramos en lo que se elige a un nuevo mandatario municipal.
De acuerdo con la consultoría Etellekt en su Informe de Violencia Política en México, julio-agosto 2018, con corte al 14 de junio 2018, Oaxaca se ubica entre las seis entidades de mayor riesgo para la actividad política de las mujeres.
El 65% de las agresiones se concentraron en los estados de Guerrero (18 casos), Puebla (15), Oaxaca (13), Ciudad de México (9), Veracruz (7) y Michoacán (6). Del total de 106 políticas y candidatas agredidas entre el 8 de abril y el 8 de mayo de 2018, 59% pertenecían al ámbito municipal, 29% al nivel estatal y 12% a nivel federal.
