El Congreso del estado de Guerrero aprobó reformas al Código Penal que estipulan hasta 20 años de cárcel a todo aquel que promueva matrimonios forzados entre menores de 18 años, como actualmente ocurre en municipios de la región de la Montaña.
Las adiciones al Código Penal consideran incluir la cohabitación forzada en el capítulo de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.
Esta nueva legislación aprobada por unanimidad establece que al que cometa este delito se le impondrán de cinco a 15 años de prisión y una multa de 250 a 750 del valor diario de la Medida y Actualización (UMA), que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales.
A quien solicite, oferte e induzca la cohabitación forzada o se beneficie de ésta se le aplicarán de 3 a 10 años de prisión y una multa de 150 a 500 veces el valor diario de la UMA.
Si el autor del delito es pariente de la víctima por consanguinidad en línea recta o ascendente o colateral hasta cuarto grado o por afinidad, se le impondrá hasta un tercio más de las previstas en los dos supuestos anteriores, o sea, hasta 20 años de cárcel.
Esta iniciativa de ley fue enviada al Congreso por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien en noviembre de 2021, semanas después de haber asumido el cargo, puso en marcha en Tlapa la estrategia para prevenir y erradicar los matrimonios forzados entre menores de edad en la región de la Montaña y Costa Chica.
Sin embargo, este plan ha sido criticado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y organizaciones feministas, quienes han denunciado que la venta de niñas en las comunidades marginadas de Guerrero no cesan.
Neil Arias Vitinio, abogada de Tlachinollan, aseguró que de marzo a la fecha se han registrado 10 matrimonios forzados entre menores de edad en el municipio de Cochoapa el Grande.
"El matrimonio forzado continúa, pero ahora estos se realizan de manera clandestina por los casos que se han visibilizado a través de las redes sociales", dijo.
Imparten talleresContó que en Cochoapa el Grande la gente que ha denunciado ha sido encarcelada por la Policía Comunitaria.
Mencionó que uno de los puntos que contempla la estrategia estatal para evitar los matrimonios forzados es la realización de talleres para sensibilizar a la gente de las comunidades para que no se realicen estas prácticas.
"Pero esos talleres solamente son impartidos -por parte de la Secretaría de la Mujer- a las mujeres y no a los hombres", sostuvo.
Arias Vitinio afirmó que ellos han propuesto que sensibilicen a los hombres porque finalmente son los que deciden la venta de sus hijas, y no las mujeres.
La abogada de Tlachinollan dijo que otra de las fallas de esta estrategia es que no ofrecen a las familias de las comunidades proyectos productivos y tampoco ofertas de trabajo, así como obras sociales, escuelas, centros de salud y caminos
"Esta estrategia debe de ser un programa integral", apuntó.
