Los recientes bloqueos y plantones en la Ciudad de México antes del inicio de la Copa Mundial de 2026 no fueron protestas casuales. Son el doloroso desenlace de una factura política cobrada por la vía de la realidad. Al magisterio se le prometió durante las campañas de 2018 y 2024 la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 para obtener su respaldo en las urnas. Pasadas las elecciones, la respuesta oficial mutó en un tajante "es imposible de cumplir", pero los planificadores económicos ya lo sabían desde un inicio. Mentir en política con fines electorales no orienta ciudadanía ni fomenta la unidad; por el contrario, fractura la paz social. Para el magisterio sindicalizado y los más de 7 millones de trabajadores con cuentas individuales en el país, es indispensable hablar con absoluta claridad sin demagogia.
¿Es realmente posible regresar al sistema anterior de pensiones? La reforma del IMSS de 1997 y posteriormente la del ISSSTE de 2007 cambiaron todo el modelo pensionario mexicano. Antes existía un sistema solidario: los trabajadores activos financiaban las pensiones de quienes ya se habían retirado y el Estado garantizaba el pago. Hoy predomina un sistema de cuentas individuales. Cada trabajador acumula recursos en una AFORE y el monto de su retiro depende del ahorro logrado durante su vida laboral, de las aportaciones realizadas y del rendimiento de los intereses. Para millones de trabajadores este cambio significó trasladar todo el riesgo financiero del Estado hacia el trabajador. Esa es la verdadera dimensión del problema.
¿Por qué ni PRIAN ni MORENA eliminaron estas leyes? Derogar toda la Ley del ISSSTE de 2007 y la del IMSS de 1997 implicaría reconstruir un sistema con una carga financiera enorme para Estado que perverso, no planificó con oportunidad. Los factores por repetidos, ya son muy conocidos: existe una población cada vez más envejecida; hay menos trabajadores cotizando; millones de personas ya pertenecen al régimen de cuentas individuales; regresar al esquema anterior obligaría a financiar dos sistemas durante varias décadas. No bastaría con aprobar una iniciativa presidencial. Necesitarían, cuantiosos recursos fiscales y un complejo periodo de transición. Eso explica por qué ningún gobierno —más allá de su signo partidario— presentaría una propuesta integral para regresar al sistema previo.
Las promesas también generan deuda política. Resulta legítimo preguntarse por qué durante campañas electorales se ofreció una abrogación que luego fue presentada como imposible. Cuando un gobierno promete lo que sabe que difícilmente podrá cumplir, el problema deja de ser financiero y se convierte en político. La frustración de miles de docentes no proviene solo de la reforma, sino también de expectativas alimentadas durante años. Las movilizaciones recientes muestran ese desencanto. No basta afirmar que "no hay dinero". Esa explicación debió decirse desde el principio sin demagogia.
Las AFORE: un debate urgente y transparente. El tema que debe debatirse serio es el papel de las AFORE. Hoy administran un patrimonio superior a 8 billones de pesos perteneciente a los trabajadores. Dichos recursos son propiedad de cada ahorrador y son supervisados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). La mitad de los ahorros de los trabajadores son utilizados por las AFORE para financiar al gobierno comprando deuda pública. De los 16 billones de deuda interna del gobierno, en mayo de 2026, poco más de 4.6 billones pertenecen a las SIEFORES (Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro) cuando en el año de 2018 era de 1.6 billones.
¿En dónde invierte el gobierno este dinero prestado por las AFORE y cuáles son los beneficios para el pueblo? Mas de la cuarta parte de la deuda pública interna pertenece a las AFORE y cada vez más el gobierno se en-deuda con las AFORE. El banco BBVA México y la Secreta ría de Economía anunciaron un plan de financiamiento mediante el cual los recursos de las AFORES se invertirán en proyectos de infraestructura del Plan México cuando a los trabajadores no se le ha consultado en donde prefieren invertirlos. Las AFORES deben desprivatizarse, auditarse, como debe auditarse la deuda pública, e instaurar un régimen solidario de pensiones administrado por los trabajadores. (https://nomasdeudapublica.org)
Más que consignas, hacen falta alternativas. El movimiento magisterial tiene razón cuando exige mejores pensiones. Pero también necesita discutir sobre alternativas viables. Entre ellas podrían analizarse, antes de la construcción de una alternativa: el cómo fortalecer la pensión garantizada; incrementar las aportaciones patronales, revisar y reducir las comisiones que enriquecen los bancos; mecanismos rigurosos de supervisión y transparencia; diseñar es quemas especiales para trabajadores del Estado con largas trayectorias laborales; utilizar herramientas de inteligencia artificial para modelar distintos escenarios actuariales y evaluar con mayor precisión el impacto financiero de cada reforma antes de prometerla. La tecnología ya permite simular, con millones de variables, cuánto costaría cada propuesta y quiénes serían los principales beneficiarios o afectados. El tiempo apremia y la política debería apoyarse más en evidencia y menos en consignas.
El verdadero reto. El magisterio merecen conocer toda la verdad, incluso aquella que sea desagradable. La discusión no puede reducirse a elegir entre conservar las AFORE o regresar al sistema anterior. La pregunta principal es cómo construir un modelo que garantice pensiones dignas sin comprometer la estabilidad financiera del país sin trasladar injustamente el costo a las generaciones futuras. Una democracia participativa no promete lo imposible. Se fortalece con la verdad y la peor reforma es la que prometió derogar sabiendo que hoy, no existen las condiciones para hacerlo. La política fracasa cuando no reconoce los límites de la economía; y fracasa cuando utiliza las pensiones como instrumento de campaña.
