El Senado de la República avaló una reforma a la Constitución para establecer en su artículo 2 el respeto al interés superior de las niñas, niños y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones en alguna práctica que vaya contra los derechos de los menores, como el matrimonio forzado.
Las y los senadores advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, donde la convivencia se rige esencialmente por usos y costumbres, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.
Manifestaron que si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, como la misma Carta Magna lo establece y de acuerdo con diversos tratados internacionales de los que es parte México, enfatizaron, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.
📷 El análisis de reformas a favor de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas migrantes fueron parte de las tareas de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios.https://t.co/voC9ZAnG3L pic.twitter.com/77aPLDRXig
— Senado de México (@senadomexicano) February 14, 2024
Lo anterior, continuó, limita sus opciones en la vida, al igual que el factor de pobreza que afecta especialmente a pueblos indígenas de América Latina y México, donde los niveles alcanzan cifras demasiado altas, particularmente entre los menores de 18 años, por lo que cobra relevancia proteger constitucionalmente a estos sectores.
La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña, niño o adolescente”, narró la senadora presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se revelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.
En representación del PT, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
“Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden”, añadió; ante ello, exigió que las niñas, adolescentes y mujeres en México dejen de ser “intercambiables”, pues son personas cuya dignidad debe ser respetada.
