Por Gerardo Gutiérrez Candiani / Colaborador
Fuera del texto constitucional, en México no hemos tenido una fiscalía federal realmente independiente, lo cual se replica en la mayoría de los estados. Estamos muy lejos de lo que prometía la reforma del 2014 que convirtió a la vieja Procuraduría General de la República en la actual institución en teoría autónoma, ahora envuelta en otra crisis por la atropellada salida de su titular –injustificada legalmente– y el proceso exprés de reemplazo.
De hecho, este enredo reconfirma la esencia de simulación y el fracaso de dicha reforma.
Desde el camino a esa reforma, y más aún, durante todo el periodo de transición democrática que avanzó desde los 90 y que hoy lamentablemente va en reversa, se afirmaba que construir un andamiaje institucional sólido de la función del ministerio público era indispensable para consolidar el Estado democrático de derecho. La urgente necesidad de fiscalías competentes y sin injerencia del poder político para cumplir con sus tareas fundamentales: investigar delitos, proteger a las víctimas, perseguir a los culpables, defender la legalidad a nombre del Estado.
Hoy lo es aún más: no solo porque prevalecen los niveles extremos de impunidad y el uso político de la función ministerial, sino también por la vuelta a la centralización del poder.
Se puede especular mucho sobre los motivos detrás de la salida del Fiscal y su sustitución, como se anticipa, por la ex titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal u otra persona cercana al oficialismo. Lo que trasciende con este movimiento tan opaco y cupular es una suerte de aceptación de la claudicación del ideal de un sistema de justicia independiente y profesional.
En suma, es como volver, en los hechos, a la Procuraduría de antaño.
Después del paso de esta a la Fiscalía General de la República, en 2018, en vez de esa profesionalización e institucionalización en favor de la justicia y contra la impunidad y la corrupción, persistió e incluso se recrudeció su uso para fines políticos y hasta personales.
Peor aún, en lugar de llevar a la práctica la reforma necesaria al aparato de investigación y persecución de los delitos, se impuso una contrarreforma en el Poder Judicial.
Es decir, se procedió a arrasar al sistema de impartición de justicia y a la elemental división de poderes con la reforma aprobada en 2024 y la elección popular de jueces, en vez de ir por una Fiscalía que Sirva, lema de un impulso de organizaciones de la sociedad civil que tomó fuerza en torno al debate sobre las reformas de la Fiscalía.
Lo que peor ha funcionado en la justicia en México, que es la función del ministerio público, se mantuvo. El Poder Judicial, que marchaba por buen camino, tanto en términos de independencia como de consolidación institucional, fue empujado a un experimento, único en el mundo excepto Bolivia.
Entretanto, las cifras de impunidad son tan alarmantes como siempre. O más. Con cifras de Impunidad Cero, la probabilidad de resolución de un delito es de solo 0.9 por ciento. De cada 100 cometidos, solo 6.4 se denuncian, y de 100 denunciados, 14 se resuelven. La cifra negra es superior al 93 por ciento.
Además, el problema es especialmente grave en crímenes de alto impacto. La impunidad en casos de desapariciones llega a 99% a nivel nacional. No extraña que solo 10.3% de las personas dice confiar mucho en los ministerios públicos y las fiscalías.
Nada de eso es prioridad en el embrollo en la Fiscalía federal. Primero, los intereses del poder político. Luego, los de las víctimas y los ciudadanos, en general.
Lo que se ve es un reacomodo político, y sin transparencia, además de otra muestra del desmantelamiento institucional y la reconcentración del poder en México, en detrimento de la democracia y el Estado de derecho.
Una de las ventajas de contar con instituciones sólidas y con autonomía elemental es la predictibilidad. Cuando todo se centraliza y no hay una arquitectura del Estado de pesos y contrapesos institucionales, esta deviene en especulación sobre decisiones cupulares. Justo lo que hoy vemos. No extraña, tampoco, que México siga cayendo en evaluaciones internacionales sobre legalidad y justicia.
Conviene recordar lo que se ha pedido, desde la ciudadanía, en favor de una Fiscalía que Sirva.
Fue y es un llamado a la reforma no solo en las leyes, sino en los hechos. La demanda de garantizar la independencia de una institución tan importante como la Fiscalía y, en general, del ministerio público, eliminando interferencias políticas y asegurando la selección de personal calificado y ético para investigar delitos de forma transparente y con pleno respeto a los derechos humanos.
Autonomía real, con separación del Poder Ejecutivo y con fortaleza contra otras presiones para cumplir con su razón de ser. Transparencia en los procesos de selección de personal, así como en los procedimientos y el desahogo de los casos, y mejor aún, con participación de la sociedad civil en algunos casos.
Eficiencia, con un modelo de gestión que modifique las prácticas “heredadas” para lograr efectividad en la investigación y la persecución de delitos. Estricto respeto a los derechos humanos. Verdadera lucha contra la impunidad: romper con los “pactos” en ese sentido y la corrupción que han sido solapados históricamente.
En 2017, el sector empresarial, representado por la Coparmex, se manifestó contundentemente por esa Fiscalía que Sirva. Se denunció la prevalencia en el país de violaciones graves de derechos humanos, corrupción rampante, crimen organizado y una lacerante impunidad: “Todas las expresiones del México de la injusticia tienen un denominador común: la ausencia de una Fiscalía autónoma, capaz e independiente que cimiente nuestro Estado de derecho”.
Se decía que la autonomía constitucional de 2014 corría el riesgo de quedar como simple buen deseo de no acompañarse de rendición de cuentas y una supervisión de la gestión y completa profesionalización. Así fue. El llamado sigue vigente: por una Fiscalía que Sirva.
