CIUDAD DE MÉXICO.- “Sólo con visiones diversas y con distintos puntos de vista se puede lograr un beneficio colectivo con mayor profundidad", afirma en entrevista la venezolana Tamara Adrián, conocida como la primera mujer transgénero que aspira a una Presidencia de un país en el mundo.
La abogada ya había hecho historia en 2015 al ser electa como la primera diputada trans en la nación, y, como ella, son cada vez más las diputaciones, senadurías, alcaldías y demás cargos políticos que están siendo abanderados por integrantes de la población Lésbica Gay Bisexual Trans Intersexual Queer y más (LGBTIQ+) en América Latina, un logro que ha permitido avanzar en materia de derechos humanos de todas las poblaciones vulnerables.
"Creo que hemos ido avanzando, cada vez es más común encontrar diputados y diputadas gays o lesbianas o trans", señala Enrique Sánchez, quien en 2018 fue electo como el primer diputado abiertamente gay en Costa Rica.
"Y creo que ha habido intentos de acercarnos más, de conversar más, de construir como una alianza de legisladores y legisladoras, senadores y senadoras para que ayudemos a que cada vez existan más espacios en nuestros partidos políticos para alcanzar representación, pero todo está empezando".
Aunque tanto Adrián como Sánchez reconocen que llegar a estos puestos de elección popular todavía es un techo de cristal en la mayoría de los países de la región, celebran estos avances al señalar que la inclusión de la población LGBTIQ+ en distintos cargos públicos es clave para avanzar en el reconocimiento de derechos humanos y legislaciones con perspectiva de género en todos lo rubros que permitan una transformación social.
"Hay que ocupar todos los espacios"
Tras haber hecho historia en 2015 como la primera diputada trans electa en Venezuela, la abogada Tamara Adrián se postula ahora para la carrera por la Presidencia de 2024 en busca de restaurar la democracia en la nación, luego de más de dos décadas bajo el chavismo en las que el país se ha sumido en una crisis económica sin precedentes.
"Cuando tú estás en este proceso de creación de conciencia, es ocupar todos los espacios posibles", sostiene a REFORMA la también profesora y activista por los derechos de las mujeres y por los derechos de la diversidad sexual, de 69 años.
Cuenta que decidió lanzarse como precandidata presidencial porque vio la necesidad de hablar de los temas que, señala, ninguno de sus compañeros competidores de la Oposición está abordando, como el qué va a pasar con la salud, con la educación, con la inclusión de las mujeres, con la inclusión de los adultos mayores, con los indígenas, con las personas LGBTIQ+, con las personas con discapacidad y el petróleo venezolano.
"Yo no sé si puedo ganar porque no tengo el dinero como para hacer una campaña que tendría que hacer, a recorrer Venezuela, a buscar apoyos, no lo tengo, pero sí sé que si yo no soy candidata yo no puedo poner estos temas en el tapete, porque no me van a escuchar (...) y de todos los otros candidatos su discurso es divisionista, segregacionista, revanchista", apunta.
Adrián explica que sus principales proyectos como diputada incluían una reforma para el reconocimiento del matrimonio igualitario, la identidad de las personas trans y las personas intersex, la prohibición de mutilaciones, y una reconfiguración para el orden de los apellidos, pero nada de eso se pudo discutir.
Su victoria en 2015 fue parte del aplastante triunfo que obtuvo la Oposición frente al chavismo en el Legislativo ese año, pero, apenas cuatro meses después de que la nueva Asamblea entró en funciones, el Gobierno de Nicolás Maduro la declaró en desacato alegando supuesto fraude con algunas bancadas, y los escasos cinco proyectos de ley que habían sido aprobados, fueron declarados nulos.
Desde entonces, la crisis social, política y económica se agravó aún más, colocando al país como el segundo más pobre de América Latina, solo por detrás de Haití.
Si bien Adrián reconoce que de ganar la contienda no restablecería la paz, la democracia y las libertades "como por arte de magia", sí promete ser franca con los venezolanos y venezolanas e impulsar un trabajo colectivo y diverso para lograr un cambio y un beneficio común.
"Entonces, no es solamente LGBTIQ+, es (incluir a) personas indígenas, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, es decir, todos esos grupos que llaman vulnerables o socialmente vulneralizados, porque justamente son las visiones diversas las que producen el cambio", apuntala.
"El riesgo es que se nos olvide el pasado"
El 2018 marcó un hito para Costa Rica con la elección de Enrique Sánchez como el primer diputado abiertamente gay en la Asamblea Legislativa, en una región -Centroamérica- mayoritariamente conservadora.
El político tiene claro que si bien fue el primero, no va a ser el último. Su victoria envió el mensaje al país de que ya no haría falta que ninguna persona escondiera su identidad para conseguir un trabajo, para formar una familia o para cumplir cualquier sueño, señala el político, cuyo cargo finalizó en 2022.
"Afuera hay un montón de gente que tiene miedo de ser quien es, y si algo podía hacer yo era decirle a esa gente que también afuera del clóset se puede estar bien, y se puede ser quien es, y correr por todos sus sueños sin tener que seguir escondiéndose", explica a REFORMA el también periodista y consultor en temas de derechos humanos, de 46 años.
"Saber que ya alguien se paró en una curul y habló de su orientación sexual abiertamente va a hacer que cualquier otra persona (...de la comunidad) entienda que más bien su representación puede servir para avanzar en el reconocimiento de derechos, para sumar, para educar".
Durante su cargo, Sánchez explica que lideró el cambio de normativa para la entrada en vigor en 2020 del matrimonio igualitario, pese a los reiterados intentos del movimiento religioso, en especial el evangélico y neopentecostal, de echarla para atrás.
Además, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, Sánchez logró, entre otras leyes, aprobar una que amplía el plazo de prescripción de los abusos cometidos contra personas menores de edad y con discapacidad, norma que permitió este año arrestar, juzgar y condenar a 20 años de cárcel al sacerdote Mauricio Víquez por abuso sexual a un menor de edad.
El político se dice tranquilo de mirar que muchos y muchas jóvenes de las nuevas generaciones caminan por las calles sin temor a ser perseguidos, pero advierte que el mayor riesgo es olvidar lo que tuvo que pasar para que eso sucediera, en momentos en los que Costa Rica viró a la derecha en la elección de 2022.
"El mayor riesgo es que se les olvide el pasado y lo descuiden, y crean que siempre fue así y que siempre va a ser así. Hay que proteger los avances en derechos humanos, no hay que dar nunca por dado nada", afirma.
Sánchez enfatiza que, especialmente en Centroamérica, sigue habiendo una penalización "de facto" contra la población LGBTIQ+ y grandes esfuerzos por anularla, por lo que urgió a que quienes ocupan puestos públicos puedan continuar la lucha reconociendo las distintas desigualdades que atraviesan a cada persona.
"Es importante y relevante que haya cada vez más personas LGBTIQ+ aspirando a cargos de elección popular, pero también es relevante que estas personas tengan dentro de su acción política una perspectiva de interseccionalidad en el tema de derechos humanos", subraya.
Avances, retrocesos, pendientes...
Si bien son muchos los avances ganados en materia de derechos para la población LGBTIQ+ en Latinoamérica, muchos países de la región todavía criminalizan la diversidad sexual.
Matrimonio igualitario
Avalado por ley por: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay.
No tienen figura legal: Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Discriminación
Cuentan con protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual: Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Paraguay.
No catalogan los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual: Venezuela, México y Paraguay.
Adopción
Reconocen la adopción por parejas del mismo sexo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México (solo en algunos estados) y Uruguay.
Tortura
Tienen expresa regulación contra las "terapias de reconversión": Brasil y Ecuador.
Identidad
Medidas en pos de la identidad autopercibida: Panamá, Uruguay y Brasil.
Tienen leyes específicas de identidad de género: Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile.
Pendientes
América Central y el Caribe es la zona con mayor criminalización de la diversidad sexual de la región.
Las penalidades, con diversos grados y modalidades, van desde los 5 a los 15 años de cárcel en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y Las Granadinas.
¿Qué ha impulsado estos cambios?
Variables clave para el logro de reconocimiento de derechos LGBTIQ+ en América Latina:
-Movimientos feministas y LGBTIQ+ de larga data, como los de Argentina y México.
-Mujeres en puestos de poder, principalmente aquellas agrupadas en organizaciones feministas.
-Introducción de la perspectiva de género de acuerdo al sexo de personas gobernantes.
Fuente: Cepal
"Creo que hemos ido avanzando, cada vez es más común encontrar diputados y diputadas gays o lesbianas o trans".
Enrique Sánchez, Diputado en Costa Rica
"Yo no sé si puedo ganar porque no tengo el dinero como para hacer una campaña que tendría que hacer, a recorrer Venezuela, a buscar apoyos, no lo tengo, pero sí sé que si yo no soy candidata yo no puedo poner estos temas en el tapete, porque no me van a escuchar".
Tamara Adrián, Primera mujer transgénero que aspira a una Presidencia en el mundo
