El gobierno de México compareció ayer en la audiencia pública “Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos en México”, celebrada en el marco del 194 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Miami, Florida.
La delegación mexicana estuvo encabezada por la embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como por el coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gustavo Torres Cisneros y representantes de la dirección general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Además, participaron de manera virtual, funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su intervención, la delegación mexicana destacó la importancia histórica de la adopción de la reforma al artículo dos de la Constitución Política federal en septiembre de 2024, donde la piedra angular es el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
A partir de este cambio radical, los pueblos y comunidades ahora son reconocidos constitucionalmente y tienen un presupuesto que pueden administrar de manera directa.
De esta manera, las comunidades indígenas y afromexicanas, dejaron de ser tuteladas, para ejercer plenamente sus derechos y determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural, con base en sus sistemas normativos.
La delegación mexicana también hizo notar en la audiencia pública que esta reforma constitucional histórica fue producto de un diálogo permanente y constructivo con autoridades indígenas y afromexicanas; así como con otros actores relevantes, como la sociedad civil.
Durante la audiencia, reconoció igualmente el papel desempeñado por organizaciones como Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) por sus aportaciones.
Aparte de esto, refrendó la disposición del gobierno de México para mantener este diálogo constructivo en el proceso de elaboración del proyecto de Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
