CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) ofreció a gobiernos, no sólo de la Capital del País, sino de todas las entidades, colaborar para que puedan garantizar la protección de menores migrantes.
Ayer, la presidenta del organismo capitalino, Nashieli Ramírez, consideró como urgente que las administraciones de todo el país definan planes que tengan como prioridad garantizar los derechos humanos de las y los menores, sin importar su sitio de origen.
Ramírez ofreció la disposición del organismo capitalino a todos los estados, durante el taller denominado "Protección efectiva de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de movilidad", convocado por el Consorcio Asylum Access (AA); Kids in Need of Defense (KIND) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), International Detention Coalition, Rights and Dignity for All Who Migrate (IDC Americas).
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), destacó la presidenta de la CDH, durante 2022, 70 mil 19 niñas, niños y adolescentes fueron canalizados a los albergues del Sistema DIF.
De estos, se detalló, 43 mil 476 tenían menos de 11 años y casi 98 por ciento viajaban acompañados, aunque el resto lo hacían solos.
Chiapas, Tabasco y Veracruz ocupan los primeros lugares en la atención y recepción de infancias migrantes.
"Cada vez llegan más niñas y niños en primera infancia, menores de 6 años, acompañados por sus familias. A veces, con la intención de instalarse en México, a diferencia de las y los adolescentes que transitaban sólo, hasta hace pocos años, con el fin de llegar a Estados Unidos", señaló Ramírez.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los niños y niñas migrantes son vulnerables a situaciones que pueden violentar sus derechos: como ser detenidos, estar expuestos al crimen organizado o al tráfico de personas, sufrir violencia y discriminación, pasar hambre y frío, y no tener acceso a servicios de salud.
Situaciones que, advirtió el Unicef, tienen graves consecuencias para su salud mental y bienestar.
Ramírez enfatizó en que cualquier plan y medida que definan los gobiernos de todos los niveles en la CDMX y el resto de México, deben resaltar el principio del interés superior de la infancia para restituir los derechos de las infancias migrantes.
"La restitución de los derechos es la función principal de las procuradurías de protección y de otras autoridades responsables. Debe partir de la determinación del interés superior de cada niña o niño, como medida principal", añadió Ramírez.
