La Fiscalía General del Estado reconoció que las normas legales para castigar el feminicidio en Oaxaca son obsoletas y están totalmente desfasadas. En tanto, de acuerdo con organismos de la sociedad civil, en lo que va de este año suman aproximadamente 50 asesinatos de mujeres por razón de género.
A un mes de cumplirse un año del desalojo de maestros e integrantes de otros organismos sociales por parte de policías federales y estatales, y ocurrido en Asunción Nochixtlán, que dejó un saldo de ocho muertos y un centenar de heridos, no hay responsables ni mucho menos detenidos a pesar de existir fotografías y videos, lamentó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El periodista Salvador Adame fue secuestrado por hombres armados en el estado mexicano de Michoacán (oeste), dijo este viernes su familia a la AFP, en una semana complicada para la prensa local tras el asesinato de un reportero.
Adame, propietario de un canal de televisión local, fue secuestrado el jueves en el municipio de Nueva Italia, en el centro de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado.
El diputado local suplente por el distrito 8, con sede en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, José Alejandro López Sánchez, fue denunciado penalmente por amenazar de muerte a cinco jóvenes con un arma de uso exclusivo del Ejército, de las conocidas como Cuerno de Chivo.
El regidor y secretario regional de la CTM en Tlaxiaco, Raúl Naduvic Velasco Cruz, comentó que, después de disputar un partido de fútbol con compañeros de su organización, algunos jóvenes acudieron a la calle Tierra y Libertad, del fraccionamiento La Cascada, para tomarse un refresco.
Un documento emitido el 2 de agosto de 1976 revela que el Gobierno Federal a través de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH), pagó una indemnización de 107 mil 610 pesos a una particular por el terreno que ocupa hoy la presa Rompepicos.
El oficio con número 3631 emitido por la Dirección General de Aprovechamiento Hidráulico y Departamento de Indemnizaciones señala que el monto cubre la indemnización “por afectaciones con motivo de la construcción de obras de la presa reguladora San Felipe".
A cuatro años de su detención, familiares de los profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y activistas sociales, encarcelados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco, exigieron al Estado mexicano su liberación por no estar probada su responsabilidad en el secuestro de los hermanos Álvarez Benfield, imputado por la Procuraduría General de la República.
HUAJUAPAN DE LEÓN, Oaxaca.- Trece personas procedentes de Guatemala y Ecuador fueron aseguradas ayer por elementos de la Policía Federal en coordinación de la Policía Estatal, al interior de una camioneta, en la colonia Centro de esta ciudad.
Los migrantes viajaban como pasajeros a bordo de la unidad de motor de color blanco, marca Chevrolet, con placas de circulación MVC-26-00 del Estado de México, la cual fue interceptada por los policías en la calle José López Alavés.
La presidenta municipal de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la omisión del gobierno para garantizar el pleno ejercicio del cargo.
En el recurso, Samantha Caballero Melo señaló que la Secretaría de Finanzas mantiene bloqueados los recursos destinados a la realización de obras y pago de servicios públicos en aquel municipio del distrito de Jamiltepec.
Aun cuando no han retornado a Guadalupe Victoria, agencia municipal de San Juan Juquila, Mixe, la totalidad de sus habitantes, tras las hechos violentos del siete de enero pasado, la Base Operaciones Mixtas (BOM) instalada hace cuatro meses en esa pequeña comunidad, por un acuerdo de los gobiernos federal y estatal, se retiró del lugar.
Ello, porque en Guadalupe Victoria se recuperaron las condiciones de estabilidad y paz, informó Rodolfo Quintero de Pablo, director de la Zona Sur de la Secretaría General de Gobierno (Segego).
Activistas denunciaron que no existe la democracia para los integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (LGBTTI), ya que no tienen a salvo todos sus derechos como ciudadanos.
Jesús Morales Ramírez manifestó que los derechos de esta sector de la población están totalmente vulnerados.
