Debido a que el abuso sexual infantil se da principalmente en el entorno familiar, las niñas, niños y adolescentes se encuentran en mayor riesgo de ser víctimas de ese delito durante el aislamiento social por la contingencia del COVID-19.

Las cifras de delitos sexuales en Oaxaca cometidos contra la población menor de edad es, de por sí, una cifra alarmante. Tan sólo durante enero y febrero de este año, el 53.26 por ciento de las denuncias correspondieron a población en el rango de edad de 0 a 17 años.

En lo que va del periodo de contingencia sanitaria dos mujeres y una bebé de siete meses fueron asesinadas en Oaxaca. Debido al aislamiento social, la violencia feminicida podría agravarse de manera dramática.

Había cerrado ventanilla desde el pasado 20 de marzo, pero tras haber sido reprobado por Equis Justicia para las Mujeres, el Poder Judicial de Oaxaca habilitó guardias físicas en los juzgados.

Y es que en el Informe (Des)Protección Judicial en tiempos de COVID-19 Oaxaca fue una de las entidades ubicadas en rojo debido a la vulnerabilidad en la que dejaron a las mujeres debido a la falta de medidas de atención durante la contingencia sanitaria.

Ante el incremento de violencia contra mujeres, niñas y niños, que puede generar el confinamiento en casa, organizaciones feministas lanzaron la campaña #AislamientoSinViolencia, donde unen esfuerzos para brindar auxilio, asesoría e intervención a población ubicada en Valles Centrales.

En la acción se coordinaron Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el GESMujer, Ixmucane AC, Meraki, Tejiendo comunidad y la Red Por los Derechos Sexuales y Reproductivos Oaxaca.

Las fotografías muestran a un Juan Antonio V.C. posando, incluso esbozando una sonrisa, sin esposas en las manos, y como en una fotografía de amigos, junto está el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Raúl Salcedo Rosales.

Aquel contexto de la detención del ex diputado local, señalado por atacar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, es para el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), un elemento que pone en duda la seriedad del caso.

La detención del ex diputado priista Juan Antonio VC por su probable participación en la agresión con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, exhibirá la independencia e imparcialidad de los órganos de procuración y administración de justicia en la entidad, afirmó la diputada integrante de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la 64 legislatura, Magaly López Domínguez.

Aunque desde el 2018 Oaxaca tiene Alerta de Violencia de Género, y pese al incremento de violencia contra las mujeres por el confinamiento en casa debido al CONVID-19, el refugio municipal que tendría que brindar resguardo, permanece cerrado.

En plena emergencia sanitaria, militantes de Antorcha Campesina de Santo Domingo Yosoñama, perteneciente a San Juan Ñumí, iniciaron ayer por la mañana una agresión con armas de fuego hacia San Juan Mixtepec.

El presidente municipal, Pablo Santiago Bautista, informó que un grupo armado agredió a partir de las 11:30 horas a la agencia de policía Pueblo Viejo, desde los límites entre las dos comunidades.

La detención de El Chárrez, gente de suma confianza de Juan Antonio V.C., prófugo de la justicia por el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, es una de las piezas, pero no la fundamental en la aplicación de justicia sobre la tentativa de feminicidio.

“Sabemos quién es el verdadero autor intelectual y la Fiscalía hasta este momento no puede detenerlo”, señaló Silvia Ríos Ortiz, hermana de la joven oaxaqueña.

La actuación impune del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) y revictimización por parte de los medios de comunicación, envolvieron el caso de tentativa de feminicidio que involucra a un integrante de esta organización oaxaqueña, caracterizado por su proceder violento.

La noche del martes circularon dos videos, uno muestra al agresor identificado con las siglas E.L.L. justo en el momento del ataque a su pareja. En otro, el instante en el que la víctima es extraída del Ministerio Público para evitar que ratifique la denuncia.