De acuerdo con el Fiscal Especializado en materia de combate a la corrupción en la entidad, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, es posible recuperar cerca de mil millones de pesos que exfuncionarios corruptos han robado al estado oaxaqueño.
Lo anterior se puede lograr buscando acuerdos con los exfuncionarios involucrados que han sido detenidos, esto con el objetivo de agilizar las operaciones, pues de otro modo todo será lento.
“Hay una mayor viabilidad para recuperar los recursos malversados con el sistema acusatorio, en donde existen diversas figuras para garantizar que el recurso robado no lo muevan o lo transfieran, para evitar que pueda diluirse ese dinero además de que te permita llegar a un acuerdo en un ejercicio de colaboración con el involucrado. También se puede esperar hasta la sentencia y reparar el daño”, destacó el fiscal.
Otra de las posibilidades que existen para evitar que los bienes que pertenecen al estado se diluyan, es realizar embargos precautorios con caución de cuentas sobre bienes inmuebles, además de la incautación de cuentas dentro del sistema financiero.
“Estamos esperando que a nivel nacional se den a conocer el universo de propiedades de personas que hasta el día de hoy están vinculadas a proceso y, de igual manera, ya se hicieron las gestiones para que se informe a esta fiscalía respecto de cuentas bancarias que estén en el sistema financiero mexicano, una vez teniendo la información estaremos utilizando las figuras del embargo precautorio y la incautación de cuentas que son solicitudes que se hacen ante el juez de control”, afirmó Iruegas Álvarez.
Buscando una acuerdo
Cabe la posibilidad de usar tres herramientas que se denominan acuerdo reparatorio, procedimiento abreviado y criterio de oportunidad, “dependiendo el caso y de los puestos podríamos ocupar estás tres figuras para que en un convenio se preste colaboración y en su caso se repare el daño”, subrayó el funcionario.
Ley de extensión de dominio
A nivel federal existe una ley denominada extensión de dominio, el cual establece ciertos criterios para decomisar bienes de servidores públicos, el problema de esta ley es que no establece delitos cometidos por servidores públicos a nivel estatal, sólo a nivel federal se puede utilizar con enriquecimiento ilícito.
“Lo que podemos hacer es que en coordinación con autoridades federales, dentro de su competencia, en delitos como lo que llaman lavado de dinero, pero que es recursos de procedencia ilícita o algún tema fiscal, poder trabajar en coordinación y ellos si poder acceder a la ley de extinción de dominio”, afirmó el fiscal.
No hay una cifra determinada
Según Iruegas Álvarez, uno de los objetivos primordiales es recuperar el dinero que fue robado “la cifra es difícil de contabilizar, pero supera los de mil millones de pesos. En una obra, por ejemplo, se tiene que ingresar a los registros contables, para saber qué parte realmente se utilizó y que parte se malversó”.
En caso de recuperarse, los recursos pasarían de nueva cuenta a las secretarías de las cuales fueron saqueadas.
