“Yo no voy a ser cómplice de nadie, no voy a tolerar un acto de corrupción al interior o exterior de la Fiscalía General del Estado”, aseveró el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez al afirmar que los ex funcionarios Carlos Moreno Alcántara, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas están pasando su proceso penal en libertad, pero no han sido absueltos de los cargos que se les imputan.
Dijo que como en otros asuntos, hay quienes interpretan que el procedimiento en libertad de una persona es falta de justicia. “Hay un sector de la sociedad que todavía sigue considerando que la cárcel es la única vía para sancionar a las personas, pero el sistema penal ha cambiado estos principios y estas reglas. En su principios porque pesa mucho institucionalizar la presunción de inocencia; y en su reglas, porque tenemos nuevas vías procesales a través de un código que no hicieron los legisladores locales, sino los federales que homogeneizaron los procesos penales en todo el país”.
Proceso en libertad
Subrayó que bajo estas reglas y principios muchas personas, incluidos los que están relacionados con delitos como la corrupción y afectación al patrimonio, etcétera, pasan sus procesos en libertad.
“Pero esto no quiere decir que no se estén llevando a cabo (los procesos) o caminando la maquinaria de justicia, simplemente que ya no es como antes, que las personas necesariamente estaban privadas de su libertad. En las Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción hemos trabajado estos casos de los ex funcionarios y en todos los asuntos no es que no estén procesados los sujetos, sino que están pasando su proceso en libertad”.
Además dio a conocer que actualmente tiene 1 mil 367 expedientes radicados en la Fiscalía Anticorrupción, de los cuales 628 carpetas de investigación se iniciaron en el 2018 y 693 en 2017.
Combate a la corrupción
En su comparecencia ante el pleno de la 64 legislatura, comentó que al interior de la fiscalía también han llevado a cabo una labor de combate a la corrupción, por lo que han iniciado 401 procedimientos administrativos contra diversas personas que trabajan en la fiscalía y que en el 2018 un total de 53 funcionarios fueron sancionados.
Añadió que de ellos 22 fueron amonestados, entre ellos 10 agentes de investigación; a 16 funcionarios se les suspendió el empleo, entre ellos 8 agentes del ministerio público; a 9 funcionarios se les separó del cargo, a 5 funcionarios se les revocó del cargo por una responsabilidad administrativa y a otro se le impuso una multa.
“Es decir: a 53 funcionarios públicos dentro de la fiscalía, en virtud del procedimiento iniciado contra ellos, se les impuso una sanción”.
