Al menos tres casos de funcionarios afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido evidenciados por aprovechar la desgracia por la que atraviesan miles de familias del Istmo de Tehuantepec y los apoyos que otorga el gobierno federal para la reconstrucción.
Se trata de la ex alcaldesa del Asunción Ixtaltepec, Adelina Rasgado; el delegado de la CDI en Oaxaca, Saulo Chávez y el presidente municipal de San Miguel Chimalapas.
En lxtaltepec, municipio donde la devastación alcanzó al 80% de la población, Adelina Rasgado Escobar cobró por dos inmuebles afectados los 120 mil pesos que destinó la Sedatu para la reconstrucción, pero uno de ellos no es de su propiedad.
La ex munícipe afin al PRI y su esposo Jorge Antonio, recibieron por parte de la Sedatu tarjetas correspondientes a una casa dañada abandonada, cuyas dueñas no radican en Asunción Ixtaltepec.
El caso fue denunciado por afectados que ocupaban el patio de esta casa como refugio temporal y con permiso de las verdaderas dueñas. Sin embargo, hace unos días, Adelina Rasgado llegó y les pidió desalojar para colocar una cocina comunitaria.
En realidad, lo que hizo fue instalarse para que la casa fuera foliada con el número 005/00527 y días después su esposo recibiera las tarjetas por esa vivienda.
Tres casos:
- Asunción Ixtaltepec, ex alcaldesa Adelina Rasgado cobra folio de casa que no es de su propiedad
- Delegado de la CDI en Oaxaca, Saulo Chávez benefició a su madre con un folio
- Edil de San Miguel Chimalapas, edil reparte despensas a sus allegados
Estalla delegado de CDI tras exhibido
El otro caso es el del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Inígenas (CDI) en Oaxaca, Saulo Chávez Alvarado, quien fue evidenciado por comunicadores luego de que dentro de los beneficiados con monederos electrónicos incluyó una casa a nombre de su mamá, María Luisa Alvarado Toledo.
El funcionario que también fue asignado para el Espinal, donde se dieron quejas de damnificadas que fueron dejados fuera de los apoyos para la reconstrucción de hornos de pan y cerámica, pues hubo muchos errores en el levantamiento del censo.
También fue señalado de beneficiar a ex ediles de la región del Istmo registrando sus viviendas con supuestos daños totales para que recibieran los apoyos destinados para verdaderos damnificados que se quedaron en la calle.
Las acusaciones en su contra motivaron que Saulo Chavéz utilizara una cuenta de sus redes sociales para aclarar y calificar de pseudoperiodistas y extorsionadores a quienes lo evidenciaron.
“La ignorancia e infeliz vida de estos extorsionadores pseudoperiodistas los ha llevado a mentir hasta contra mi señora madre octogenaria”, excribió.
Acaparan apoyos
Fernando Miguel Contreras, presidente municipal de San Miguel Chimalapas, fue señalado de acaparar la ayuda humanitaria enviada para los damnificados del sismo en su municipio, pero en su lugar las repartió entre sus familiares y allegados.
A través de una denuncia, habitantes de esa localidad señalaron que el edil, aprovechando un apagón que se registró en su municipio, acaparó parte de la ayuda humanitaria que después repartió a su conveniencia.
Contraloría, atada de menos
Luego de estos casos, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental aclaró que no podrá iniciar ningún procedimiento si el delito no se contempla en el catálogo de faltas administrativas, como de la materia electoral.
Tampoco podrá iniciar procedimientos en contra de organismos autónomos o particulares que no contemplen las leyes de responsabilidades; ni en contra de funcionarios públicos federales o municipales, ya que estos se encuentran fuera del ámbito competencial de la instancia y sería por tanto violatorio de ley e improcedente su actuar en estos casos.
La dependencia que encabeza José Ángel Díaz Navarro aseguró que actuará en base a la Ley General y la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, pero en el caso de servidores públicos estatales que es su competencia.
“Con fundamento en dichas leyes, la SCTG puede iniciar procedimientos por la comisión de faltas administrativas en contra de servidores públicos y en algunos casos, en contra de particulares, siempre y cuando concurran en: faltas consideradas en el catálogo que determina la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que cometa un servidor público del Poder Ejecutivo Estatal, o bien un particular dentro de los supuestos de la propia Ley”.
