Desde violencia física y psicológica, hasta instalaciones deterioradas, falta de atención y alimentación de calidad sufrieron 559 niños y adolescentes oaxaqueños en casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el estado de Oaxaca.
Las violaciones a los derechos de los menores fueron realizados por personal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Servicios de Salud de Oaxaca y el DIF Oaxaca.
Lo anterior de acuerdo a información difundida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que esta dependencia dirigió la recomendación 52/2017 al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y la titular de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado.
“Existieron violaciones a los derechos al desarrollo integral de la niñez, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental y social de las niñas, niños y adolescentes, al disfrute del más alto nivel de salud, así como inobservancia del principio del interés superior de la niñez”, explica el comunicado.
Omite IEEPO medidas de protección contra víctimas
La CNDH documentó hechos de violencia física y psicológica como forma de castigo en agravio de los infantes, imputables a personal del IEEPO, así como omisiones a las obligaciones de adoptar medidas de protección en favor de las víctimas y la ausencia de protocolos de atención y prevención de la violencia escolar.
El organismo detalló que de las 41 casas que visitaron, nueve no cumplen con las habitaciones adecuada para albergar personas, pues presentan deterioro, filtraciones y daños estructurales, que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los menores que ahí habitan.
“De las valoraciones médicas practicadas a los ocupantes de 10 casas y dos comedores, se observaron datos clínicos de desnutrición infantil”, detalla el estudio.
Congreso puso la queja
Fue la propia Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Oaxaca, que en 2012 se quejó con la CNDH por el deterioro de la infraestructura y falta de recursos en las Casas del Niño Indígena.
Por lo que el organismo inició el expediente CNDH/2/2012/8451/ en el que se requirieron informes a las autoridades, se realizaron diversas diligencias y trabajos de campo y se recabaron testimonios.
“Se visitaron 10 de los 21 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena en el Estado de Oaxaca (CCDI), 41 Casas y seis Comedores del Niño Indígena, donde se observaron las instalaciones, equipamiento y seguridad con que cuentan, señala la CNDH.
Entrevistaron al personal encargado de las instalaciones, en donde obtuvieron mil 59 encuestas y realizaron 14 entrevistas grupales a 393 niños y adolescentes en relación al trato que reciben
Se entrevistó al personal encargado de esas instalaciones, se obtuvieron mil 59 encuestas, se realizaron 14 entrevistas grupales a 393 niñas, niños y adolescentes, en relación con el trato que reciben y sobre las condiciones de vida en las casas, así como valoraciones médicas y psicológicas, obteniendo 5 mil 225 fotografías de esas visitas.
CNDH pide prioridad
El organismo de derechos humanos solicitó a la CDI otorgar prioridad y gestionar el presupuesto ante las autoridades hacendarias para lograr la rehabilitación, el mantenimiento y el mejoramiento de esas Casas y Comedores.
Así como generar estrategias para el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la atención a las niñas, niños y adolescentes, para el efectivo cumplimiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en la entidad.
Además de revisar las reglas de Operación de ese Programa, para incluirle supervisión integral, acompañamiento, monitoreo y evaluación del funcionamiento de esas instalaciones.
Gobierno estatal y IEEPO tendrán que proteger
La CNDH pidió en el comunicado al gobierno de Oaxaca y al IEEPO a que adopte medidas de protección, revisar perfiles y requisitos para la selección de personal, elaborar protocolos para prevenir, investigar, sancionar y reparar los casos de violencia sexual contra niño y adolescentes.
