Vecinos de los fraccionamientos residencial Santa María, Alfareros 1 y Alfareros 2 del municipio de Santa María Atzompa, denunciaron que existe presión por parte de los integrantes del Sindicato Libertad para que ese gremio circule en sus unidades habitacionales y brinde servicio de transporte público.
El pasado viernes, mototaxistas adheridos al Sindicato Libertad sitiaron con sus vehículos los fraccionamientos por al menos cuatro horas, “de manera prepotente y agresiva pretendían imponer por la fuerza la instalación de un sitio de mototaxis al interior del fraccionamiento”.
Con un documento, los colonos dieron a conocer que “el Sindicato Libertad concedió una tregua de dos días hasta que podamos demostrarm, con documentos nuestros dichos, pues según ellos nuestra gente pide a gritos su servicio y ellos entrarán a hacer consulta casa por casa”.
El reporte va dirigido al gobernador Alejandro Murat, a Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal del estado; José Guzmán Santos, director de la Policía Vial del Estado y al representante de la Secretaría de Vialidad y Transporte, “a pesar de las diferentes denuncias nadie se presentó a hacer valer el estado de derecho y libre tránsito del cual fuimos privados”, afirmaron los vecinos afectados.
Los grandes ganadores fueron los integrantes del Sindicato Libertad, pues consiguieron una mesa de diálogo con representantes de gobierno del estado, Sevitra y representantes de fraccionamiento, explicaron los vecinos.
En la mesa se reunieron Eliseo Cortés y Renato Ramírez, representantes de la Sevitra; personal del Gobierno del Estado; Iván Luis Villaseca, líder del Sindicato Libertad, además de representantes de los fraccionamientos afectados.
“Ante nuestra postura firme de no permitir la entrada del servicio de mototaxis fuimos prácticamente obligados a demostrar con actas de asamblea que no se requiere el servicio, actas que nos pidieron estén firmadas por todos los condóminos”.
Todo esto, aseguran los vecinos, hay que señalarlo con el aval y complicidad de representantes del Gobierno del estado y Sevitra, quienes además les pidieron “darles una oportunidad “y después decidir.
Los colonos finalizaron, “nuestra postura es clara, ningún sindicato ni representante de gobierno podrá obligarnos aceptar un servicio que no pedimos ni queremos”.
