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Va PRD contra desplazamientos forzados en Oaxaca

Foto(s): Cortesía
Luis Ignacio Velásquez

Con el propósito de evitar más desplazamientos forzados de habitantes de comunidades indígenas por conflictos religiosos, políticos o proyectos económicos, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la 63 legislatura, Horacio Antonio Mendoza, presentó una iniciativa para crear la ley para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado.


En la sesión camaral, recordó que a causa de la construcción de la presa Cerro de Oro se desplazó a miles de campesinos de su territorio, en su mayoría indígenas chinantecos, que se opusieron al proyecto.


Dijo que además la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó de la existencia de dos quejas en trámite, en las que se señaló el desplazamiento forzado de personas expulsadas de sus comunidades por conflictos religiosos, y la otra, relacionada con 73 familias desplazadas del municipio de San Miguel Copala.


El diputado perredista subrayó que las entidades federativas donde más casos de desplazamiento se identifican, son Guerrero con 29 movimientos, Michoacán y Oaxaca con 20, Sinaloa con 17 y Tamaulipas y Chiapas con 14 episodios.


Expuso que la ley que propone tiene como objetivo específico establecer las bases para la prevención, protección, ayuda y asistencia de las personas que se vean obligadas a dejar su lugar de residencia por situaciones de violencia o por violaciones a derechos humanos, e incorporar al derecho positivo los instrumentos que permitan enriquecer la promoción de políticas públicas para atender el desplazamiento forzado en el estado.


El también vicecoordinador parlamentario del PRD, explicó que la ley propuesta reconoce las categorías de situaciones de desplazamiento interno y los derechos de los involucrados, además de prever la creación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, como un órgano desconcentrado de la administración pública estatal.


Añadió que el consejo antes mencionado, será el encargado de ejecutar el Programa Estatal para la Prevención y Atención en Casos de Desplazamiento Interno Forzado, involucrando a las secretarías del estado, para que en el ámbito de su competencia realicen las acciones necesarias.

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