Decenas de militantes de organizaciones sociales marcharon ayer de la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, en jurisdicción del municipio conurbado de San Agustín de Las Juntas, hacia la Casa de Gobierno y al Centro Histórico de esta ciudad, como medida de presión para que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa atienda su reclamo de justicia por el asesinato del dirigente regional del FPR, Tomás Martínez Pinacho, sucedido el 24 de agosto del 2020.
Antes de salir en movilización, bloquearon por más de dos horas esa vía de comunicación en proximidades del acceso al aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca, sin obstruir el acceso a esa terminal.
A su paso, por el crucero de La Experimental, San Antonio de La Cal, donde se encuentra una sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), también cerraron el tráfico vehicular por algunos minutos en la misma vía de comunicación.
“¡Justicia, justicia!”, “¡Tomás no murió, el Estado lo mató!”, “¡Tomás vive, la lucha sigue, Tomás vive y vive, la lucha sigue y sigue!” y “¡Vestido de verde olivo, políticamente activo, no has muerto, no has muerto camarada, tu muerte, tu muerte, será vengada!”, corearon en su recorrido.
De manera simultánea, durante la llamada Acción Global por Justicia para Tomás Martínez, las organizaciones realizaron manifestaciones similares en Huajuapan de León, Pinotepa Nacional, Santa María Huatulco, Asunción Nochixtlán, Santiago Juxtlahuaca, Tuxtepec y en El Vidrio.
Mientras en Miahuatlán de Porfirio Díaz, la tierra natal de Martínez Pinacho se develó un busto en su honor en el centro de esa ciudad de la Sierra Sur.
Además, organizaciones fraternas protestaron en los consulados de México en España y Turquía.
En un mitin, en la Alameda de León, el presidente del Comité Estatal del FPR, Macario Otalo Padilla afirmó que el asesinato de Martínez Pinacho fue un crimen de Estado por haber sido un luchador social, defensor de los derechos humanos y de los recursos naturales, la tierra y el territorio, así como un opositor a la minería.
“Desde sus distintas responsabilidades, el compañero Tomás, tenía como única actividad la lucha a lado de los trabajadores, los campesinos pobres y los pueblos originarios, impulsando la lucha y reclamando permanentemente ante los diferentes niveles de gobierno, mejores condiciones de vida, trabajo y estudio para los pobres del campo y la ciudad”, asentó.
Expuso que decenas de organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos, incluyendo la CNDH y el Congreso del Estado, han exigido al gobierno estatal, el esclarecimiento y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta ejecución extrajudicial, después del suceso.
"Investigación a medias"
Destacó que la FGE y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) actúan por consigna del gobernador Murat Hinojosa, por su excesivo tortuguismo y por no considerar todas las líneas de investigación, pues a pesar de la detención de dos de los responsables materiales, siguen libres varios de ellos.
Además, resaltó que no existe ninguna línea de investigación encaminada a castigar a los responsables intelectuales.
Además, observó que el gobierno federal se ha negado a coadyuvar en la investigación o en su caso atraerla a través de la Fiscalía General de la República (FGR), por ser un crimen de Estado.
Mencionó que la impunidad en este caso se suma a los asesinatos de un centenar de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos, de los recursos naturales, la tierra y el territorio en Oaxaca.
“Esta impunidad pone en riesgo a quienes hoy en el país luchan al lado de los trabajadores del campo y la ciudad”, anotó.
Ante esta situación, exigió al gobernador Murat Hinojosa, así como a las autoridades responsables de la impartición y la procuración de justicia, actuar de inmediato y sin más dilaciones.
