La 64 legislatura navega sin rumbo ni orden, por lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside la diputada Laura Estrada Mauro, está convertida en el fundamento de decisión de todo asunto administrativo interno.
Antes de concluir su periodo la 63 legislatura aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y un nuevo reglamento interno, cuyo mayor modificación fue la reestructuración administrativa del Congreso, con la creación de las secretarías de asuntos parlamentarios y servicios administrativos.
Los ahora ex diputados dejaron a su sucesores la responsabilidad de crear los manuales de operación y procedimientos de los nuevos órganos, cuyos proyectos ni siquiera se han elaborado, y ante el vacío en la normatividad interna la Jucopo, es decir los coordinadores parlamentarios de los partidos, se ha convertido en el gran definidor de todo tipo de asuntos parlamentarios, administrativos y hasta de contratación de personal.
La nueva ley orgánica, cuyo decreto se publicó el 5 de diciembre del 2018, precisa en sus artículos transitorios, primero, que la ley entrará en vigor el día 13 de noviembre del año 2018.
Tercero, que los manuales de organización y procedimientos correspondientes a la nueva estructura administrativa del Congreso del Estado establecida en la ley, serán elaborados por la Oficialía Mayor y la Tesorería del Congreso del Estado dentro de los 45 días posteriores a su aprobación.
Añade que una vez elaborados, serán turnados a la Comisión Permanente de Estudios Legislativos, para efectos de su dictaminación y aprobación por parte del Pleno, “mismos que deberán ser aprobados antes del término de la Sexagésima Tercera Legislatura”, lo cual nunca ocurrió.
Establece también que por lo que hace a los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Oficialía Mayor y Tesorería del Congreso del Estado, se transferirán a las Secretarías de Servicios Parlamentarios y Secretaría de Servicios Administrativos, respectivamente, estableciéndose al efecto los mecanismos administrativos necesarios para realizar el proceso de transición y reestructuración administrativa, respetándose los derechos laborales del personal adscrito a dichas oficinas.
Los manuales de organización y procedimientos no se crearon como lo establece la ley y ahora es la Jucopo quien decide todos los vacíos legales, de organización y procedimiento en el Congreso local, la mayor de la veces con criterios políticos y de grupo como la designación de personal de confianza que ha sido repartido entre los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Recorte a empleados por honorarios
Trabajadores del Poder Legislativo contratados por honorarios acusan a la presidenta de la Jucopo, Laura Estrada Mauro, de imponer un recorte salarial del 50 por ciento a los mismos, “sin embargo, ellos siguen actuando como si no pasara nada y no han aplicado para los diputados ninguna medida de austeridad, como tanto lo declaran públicamente”.
“Muchos trabajadores de honorarios decidieron renunciar por el recorte a sus salarios, lo que es verdaderamente injusto e ilegal; otros se quedaron mientras buscan una mejor fuente de trabajo”.
Por su parte, la Dirección de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos tampoco ha publicado los lineamientos internos que establecen la información que deberá de publicar periódicamente.
