En el marco de el gobernador del Estado presente la iniciativa para regular marchas y bloqueos, organizaciones sociales aliadas ala Sección 22 del SNTE amagaron con perseguir los legisladores que otorguen su voto a favor de la “Ley torito”.
“Nuestra posición es clara y enérgica, no permitiremos que se criminalice la protesta social, que es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, rechazamos la intensión de regular las marchas, rechazamos la Ley de Cultura Cívica y la Ley torito”.
Adán Mejía, líder de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), sostuvo que la veintena de organizaciones aliadas en contra de esta medida se declaran en alerta máxima y saldrán a las calles nuevamente para impedir su posible aprobación.
Mencionó que actualmente están detrás de la diputada priísta Laura Vignon, quien la semana pasada se anticipó al gobernador Alejandro Murat y presentó la iniciativa de Ley de Cultura Cívica para regular manifestaciones en Oaxaca, por lo que la señalaron de fascista por estar "negociando" su aprobación con legisladores locales.
Las organizaciones se declararon en alerta máxima para tratar de impedir la imposición de esta ley, por lo que se alistan para salir a las calles y emprender más movilizaciones, porque las calles pertenecen y pertenecerán al movimiento social el único espacio que tienen para denunciar al gobierno y la falta de atención a las demandas de los pueblos.
“Lo repetimos en el Congreso pretenden imponer leyes ilegitimas falsas, pero les decimos que en las calles les vamos a dar la batalla; no vamos a renunciar a ellas, nos vamos a movilizar hasta sus últimas consecuencias”, lanzaron los dirigentes.
Cuestionaron que a un año del presidente gobierno, no se haya podido aplicar mano dura para castigar y enjuiciar a los saqueadores de los recursos de las arcas del estado, quienes verdaderamente han hecho daño a los oaxaqueños, puesto que se genera un estado de impunidad, pero a quienes protestan y exigen respuesta se les quiere aplicar la “ley del garrote”.
Los dirigentes justificaron la afectación que se provoca a miles de ciudadanos cuando recurren a marchas y bloqueos, si existiera pronta respuesta de los gobernantes, “no habría necesidad de realizar ninguna acción de este tipo es mas no habría siquiera organizaciones pero no es así”.
Repudian ley de Seguridad Interior
El colectivo de organizaciones también rechazó la Ley de Seguridad Interior, porque con ella se pretende justificar la militarización del país, además de que se pretende llenar las cárceles del país con luchadores sociales y justificar las violaciones a derechos humanos que se comete.
Pidieron la presentación con vida de los desaparecidos, la liberación de presos políticos y alto al hostigamiento a las comunidades que se han declarado en resistencia.
Mientras que al gobierno estatal demandaron no más simulación y se de cumplimiento a las demandas sociales enarboladas a partir de las consultas a la base social.
