El diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ericel Gómez Nucamendi, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado y Municipios de Oaxaca, a fin de considerar como falta administrativa grave el no atender en tiempo y forma las observaciones y recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Osfeo) en la auditorías que realiza.
Además, para que las personas morales enfrenten la inhabilitación permanente para participar en adquisiciones arrendamientos, servicios u obra pública, así como a quienes forman parte de sus órganos de administración, representación, vigilancia o los socios, para evitar que las personas físicas corruptas cambien el nombre de la persona moral y vuelvan a actuar corruptamente.
Corrupción, problema político
En la exposición de motivos de la iniciativa se manifiesta que la corrupción en México es uno de los principales problemas políticos del país. El grado de corrupción existente ha afectado negativamente a la legitimidad política, transparencia de la administración y eficiencia económica en cuanto a rendición de cuentas del país hacia el interior y exterior del mismo.
Añade que el país ocupa el primer lugar en el porcentaje de ciudadanos que han sobornado a algún funcionario público para acceder a un servicio público gratuito u obligatorio para el funcionario, o bien, para liberarse de alguna imposición, pago o sanción.
Manifiesta que 9 de cada 10 mexicanos que viven en áreas urbanos consideran que la corrupción es una práctica frecuente entre los servidores públicos, quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Inegi aseveró que la corrupción es un acto que en México no se denuncia y que durante el pasado año únicamente 4.6 por ciento de las personas que fueron víctimas de este delito lo reportaron con alguna autoridad.
Prioridad del gobierno federal
Subrayó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha marcado como uno de los objetivos prioritario de cara a su sexenio la lucha contra la corrupción, para ello entre otras medidas ha decidido promover una ley para que la corrupción sea considerada un delito grave.
Expone que la corrupción tiene varios planos que deben de ser atajados: la impunidad galopante que impera en nuestro territorio, el altísimo número de funcionarios que incurren en actos de corrupción, el índice de 51 por ciento de población que recurre a medios transgresores de las disposiciones administrativas y las autoridades jurisdiccionales que con medios propios de corrupción, liberan y solapan a otros actores y otros actos de corrupción.
Manifiesta que la presente iniciativa tomando en cuenta el grave avance y la agresiva trascendencia de la corrupción, pretende insertar en las normas estatales, expresamente en el actuar de los servidores públicos que hagan caso omiso de las observaciones y recomendaciones que emita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y que produzca daño a la hacienda pública estatal y municipal.
Inhabilitación
Además que las personas morales enfrentarán la inhabilitación permanente en la particularización de la prohibición para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas a los integrantes de los órganos de administración, representación, vigilancia o los socios de la persona moral, que participe en los actos de corrupción de los que se trate, para evitar que las personas físicas cambien el nombre de la persona moral y vuelvan a actuar corruptamente.
