Más de 100 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado; 300 familias desplazadas; dos semanas sin servicio continuo de recolección de basura que pone en riesgo la salud pública; más de un centenar de niñas y niños cuyos derechos humanos son evidentemente vulnerados; ninguna orden de aprehensión girada, y lo único que existe hasta el momento en el caso de las colonias unidas de la agencia municipal Vicente Guerrero de Zaachila, es diálogo y más diálogo.
Muchos actores asoman en la escena de un conflicto añejo que se recrudeció en los últimos meses, y del que ambas partes en pugna, el Frente Popular 14 de Junio y la autoridad municipal de Zaachila se victimizan; varias las conjeturas y señalamientos entre antagónicos, según consta en las declaraciones emitidas a los medios de comunicación y, cada vez más claro, un motivo: el interés político.
A dos meses de distancia, la certeza, seguridad y paz de una comunidad completa, parece depender de quienes se consideran dueños de la voluntad de un pueblo que se ha convertido en botín, dado el peso que cobran más de 20 mil votos que pueden inclinar la balanza en el 2018 hacía cualquiera de los dos frentes más importantes de la contienda, el Partido Revolucionario Institucional y el Movimiento Regeneración Nacional.
Y mientras tanto, a lo largo de 60 días, mujeres, personas de la tercera edad, niña y niños, padecen no solo de la indiferencia institucional, sino del encaprichamiento de los líderes que no ceden en su postura; aunque algo peor, es que el conflicto de la Vicente Guerrero ha puesto en riesgo la salud pública de los habitantes en 33 municipios que ocupan el tiradero ubicado en sus inmediaciones; hecho que confirma la desatención de varias administraciones públicas a un tema de crecimiento poblacional y las demandas que se derivan en materia de servicios públicos.
El silencio y la indiferencia
A la fecha, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, ha guardado un silencio que parece cómplice de los intereses de alguno de los grupos en pugna; hasta el momento, argumentando “un análisis a profundidad del tema”, ni el ombudsman Arturo Peimbert Calvo, quien por cierto se ausentó durante varios días de la entidad, ni alguno de sus representantes ha emitido opinión alguna respecto al tema, lo peor, es que mucho menos ha intentado proteger las garantías individuales de la población infantil afectada.
El intenso diálogo
Según el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, las áreas encargadas de atender el tema se ocupan de ello y se avanza en las negociaciones; dice en declaraciones a los medios de comunicación que “ya no soltará” el caso y que resolverán las demandas históricas de esa comunidad.
Refiere sin precisar datos, que el estado ya cuenta con un terreno para construir un nuevo depósito y contar con las alternativas necesarias para resolver el problema sanitario que enfrenta la sociedad; sin embargo, lograr la operatividad de un nuevo espacio no es asunto fácil ni rápido.
El gobierno dice que ha establecido diálogo con familias desplazadas lo que permitirá que los exiliados se muden hacia un espacio donde puedan habitar; las fechas son poco precisas.
Alejandro Murat expresó en entrevista reciente que se debe apostar al curso de las investigaciones que se realizan sobre los hechos ocurridos en julio pasado; pero advirtió, que "la Ley no está sujeta a negociación"; a ello, Alejandro Murat agregó que, afortunadamente no hay afectaciones mayores.
La acción
Según el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, son más de 100 expedientes de investigación los que se analizan, derivados de las denuncias puestas por los bandos en pugna por un conflicto de tipo social que esperan quede resuelto en los próximos días.
Vasconcelos Méndez indicó que en las ultimas semanas la dependencia a su cargo se ha mantenido muy cerca del proceso, el cual reconoció resulta difícil dada la necesidad de satisfactores en las 33 colonias que conforman la agencia Vicente Guerrero.
Dijo que no hay más órdenes de aprehensión que las turnadas en contra de Francisco Martínez y su hijo, líderes de la FP 14 de junio y aclaró que la Fiscalía "no protege a absolutamente a nadie".
Hasta hoy: dos meses, un conflicto, cientos de afectados y sigue el diálogo.
