Junto con otras ocho universidades públicas del país, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se acerca al cierre del ejercicio fiscal con un déficit financiero de 135 millones de pesos.
El rector, Eduardo Bautista Martínez, informó que el presupuesto sólo alcanzará hasta noviembre y no hay posibilidad de pagar nómina, aguinaldo y demás prestaciones durante el mes de diciembre.
El boquete, que se repite como en el cierre del ejercicio fiscal anterior, tiene su origen en una plantilla laboral irregular de alrededor de 2 mil personas, es decir el 40 por ciento del personal con que cuenta la máxima casa de estudios en Oaxaca.
“Estamos emprendiendo gestiones con el Gobierno Federal, así se hizo en el 2017, emprendimos mesas de trabajo de manera directa con la Subsecretaría de Educación Superior que dispone de toda la información de nuestras nóminas”, aseguró.
Advierten de crisis financiera
Como parte del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), órgano colegiado de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), enviaron una carta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel Federal y en los estados advirtiendo de la inminente crisis en nueve universidades.
Fue en su quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del pasado 5 de octubre en Universidad Autònoma de Nuevo León, en donde analizaron “la grave situación de insolvencia” de la UABJO y las universidades autónomas en Chiapas, el Estado de México, Hidalgo, Morelia, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas.
Bautista Martínez precisó que el déficit que comparten esas nueve universidades se relaciona con sus jubilaciones, la limitada recuperación de esas plazas y una plantilla no reconocida, es decir ilegal.
“No ocurrió de un año a otro”, alaró, pero sí “es producto de una dinámica que quizá no tuvo el respaldo de la Federación” y “es producto de varias administraciones”.
Pagos irregulares
El déficit similar a los 135 millones de pesos se subsanó con transferencias federales, pero el pago de prestaciones no reconocidas con los sindicatos, seis con los que cuenta la UABJO, no se detuvo.
“Tiene que ver con un problema de carácter normativo”, porque la Ley de de disciplina financiera obliga a aplicar un presupuesto previamente etiquetado, pero al cumplir con los contratos colectivos “encontramos una diferencia significativa”.
Así, para cumplir con las demandas sindicales “los rectores nos convertimos en potenciales delincuentes porque es un desvío de recursos”, y para diciembre se requiere solventar 10 millones de pesos para prestaciones no reconocidas.
