Un militar oaxaqueño en el ojo de Derechos Humanos por homicidio

Ramiro, un soldado originario de Oaxaca, está acusado de haber asesinado a cuatro personas en Monterrey durante un operativo, El País lo entrevistó, al igual que a otros cinco soldados que están sujetos a proceso por la muerte de civiles. Esta es la historia que recogió el servicio digital de noticias: 

Desde que empezó la guerra contra las drogas en México a finales de 2006, la proporción de civiles muertos en enfrentamientos con militares es de 19 a 1

Felipe, Ramiro, Javier, Alberto e Israel son o han sido soldados del Ejército mexicano. Todos han participado en enfrentamientos con “agresores” en los últimos años. Sus nombres son falsos porque la justicia considera que las refriegas en que estuvieron implicados fueron en realidad ejecuciones. Todos están sujetos a proceso.

Al soldado Felipe y otros tantos compañeros de batallón, la justicia los acusa por ejemplo de la ejecución de seis personas en Guerrero, a finales del sexenio pasado. El Ejército informó en un primer momento de que un convoy militar había repelido una agresión, luego rectificó.

Felipe y los demás hablan de su preparación, de cómo viven un enfrentamiento, de lo que les dicen los mandos, en definitiva, de qué es combatir al crimen organizado sobre el terreno.

Luego está José, un policía federal que fue soldado entre  2003 y 2007. Destinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas y luego en Acapulco, José, que es también un nombre falso, escuchó lo siguiente de sus mandos: “Ellos nos decían ‘jóvenes, van a salir a patrullar, van a salir, quiero chamba, quiero que metan resultados, la pinche delincuencia debe quedar erradicada, los sicarios, los traidores a la patria (…) Ellos a ustedes no se la van a perdonar (…) Erradiquen, jóvenes, erradiquen a todos los pinches traidores de la patria’. Entonces tu salías con esa imagen: pinche sicario pa´abajo”. De diciembre de 2006 a octubre de 2014, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, registró 3.520 “enfrentamientos” entre militares y “agresores”, de acuerdo a información obtenida mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Murieron 4.046 civiles y 209 militares, 19 civiles muertos por cada elemento castrense.

La Sedena dejó de registrar los datos en octubre de 2014 y endosó el conteo a la fiscalía federal. Su registro es discrecional, pues documenta como enfrentamientos sucesos que quizá no lo fueron, como el caso Tlatlaya. Militares y civiles se enfrentaron en junio de 2014 en el Estado de México, resultando 22 “agresores” muertos y un militar herido. La fiscalía y la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyeron después que entre 8 y 15 de los 22 habían muerto asesinados. Ahora un juez ha desestimado las pruebas de la fiscalía y ordenado la libertad de los militares.

Israel es un soldado que sirvió como policía estatal en una entidad al norte de México en el sexenio de Felipe Calderón. Pocos meses después de su adiestramiento, cayó preso por un enfrentamiento que al parecer no sucedió como lo contaron las autoridades. El muerto no era sicario, ni murió por el fuego cruzado.

Israel ingresó al Ejército tras una capacitación de ocho semanas. “Aquella vez”, dice en referencia al enfrentamiento, “fue la primera que disparaba a un vehículo en movimiento”. Ni siquiera lo hizo durante su adiestramiento.  “Cuando enfrentas una amenaza nos enseñaron a visualizar, analizar, reaccionar, pero ya cuando estás ahí lo único que piensas es a disparar para salvar tu vida”.

Ramiro, otro de los soldados, originario de Oaxaca, ingresó al Ejército con 18 años. Ahora tiene 31. Sobre la capacitación, dice: “El reclutador me convenció diciéndome que tendría un enfrentamiento como Rambo. Aprendes a capturar prisioneros, inmovilizarlo con putazos, ponerle playera en la cabeza y echarle agüita. (...) Igual nos decían de eso de los derechos humanos y que respetáramos, pero si uno no empleaba eso, los golpes para obtener información, pues no había nada”.

Ramiro estuvo involucrado en un hecho en 2011 en otro estado al norte del país. Murieron cuatro personas. Según su versión, hubo una persecución a un grupo de “criminales” en la que intercambiaron disparos. Luego una de las camionetas chocó y tres criminales murieron. Otro, dice, ya había muerto en el tiroteo. Ramiro está en proceso porque la justicia le acusa de asesinar a los “agresores”.

Otro, Alberto, cuenta que ingresó al Ejército a los 18 años. “Nos capacitan para una guerra, no para andar en fraccionamientos, haciéndole de policía. (…) Me tocó estar en enfrentamientos, sí disparé, no sé a ciencia cierta si maté, no lo sé (…) Es muy difícil saber en el momento porque ya es cuando estás defendiendo tu vida, ya no es cosa del Ejército, el operativo, no, ya se trata de tu vida. (…) En el Ejército lo primero que nos enseñan es a obedecer. Si no obedecemos, estamos insubordinados y eso amerita un castigo”. 

Alberto participó en un ataque en 2010. Una familia viajaba en su automóvil, cuando el capitán al mando del convoy ordenó atacar. Parecían delincuentes, según le dijo el mando a Alberto. Dos personas murieron. El auto, dice, traía vidrios polarizados y manejaban como “drogados”. Alberto añade que el capitán disparó contra el automóvil y una vez que se quedó sin munición, le ordenó continuar disparando.

Javier, con 27 años, ingresó al Ejército en 2009. Lo mandaron al norte del país. A los tres años fue acusado del homicidio de un hombre a quien su mando torturó para sacarle información de un grupo criminal, en un estado en la frontera con Estados Unidos. Él asegura que recibió la orden de sostener al detenido mientras su mando y otros compañeros lo torturaban. “Los soldados inferiores estamos sometidos a obedecer órdenes, si no obedecemos es un delito. Lo único que vale aquí es la jerarquía, lo que respetas aquí es la jerarquía, no a la persona, porque aquí no saben lo que es respetar a una persona. Somos los que lamentablemente hacemos las cosas. Somos las manos de alguien más, se nos utiliza”.

Según el código de justicia militar, la desobediencia se castiga con cárcel, desde nueve meses a 60 años. Incluso cuando el soldado desobedece una orden por ser ilegal, recibe castigo, aunque con la mitad de la pena.

La cadena de mando

José, el policía federal que fue militar, dice: “En el Ejército sí me tocó recibir esa orden, ‘que no quede nada vivo, ustedes mátenlos, yo los pago’. (…) Ah, pero cuando ya todo sale mal, que se chinguen las escalas básicas, que se chingue la tropa. El mando se lava las manos”. En junio de 2015, el Centro Pro desveló parte del expediente civil del caso Tlatlaya. Encontró una orden operativa de la comandancia del batallón 102, a la base de operaciones del batallón, de donde luego salieron los soldados implicados en lo ocurrido en Tlatlaya. El documento recoge una serie de instrucciones, una de ellas dice que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva (…) con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En su investigación, desechada ahora por el juez, la  fiscalía no acusa a ningún mando por lo ocurrido en Tlatlaya.

Ramiro, el soldado de Oaxaca, fue enviado a Monterrey. Una noche, dice, tuvo lugar un enfrentamiento. Esa noche, antes de salir a patrullar, el mando, un capitán, les dio “luz verde” para “accionar”. “Luz verde significa que te dan la libertad de hacer lo que tú quieras, sin pedir permiso o autorización. Por ejemplo las camionetas de los soldados (cuando van en convoy) no se pueden separar, con ‘luz verde’, se pueden separar; si ves a un sospechoso se puede revisar y disparar antes de que ellos disparen porque un hombre armado es un peligro para el soldado”.