CIUDAD DE MÉXICICO. Tras dejar el cargo de Comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo debe ser investigado de manera transparente y profunda, si lo que se quiere es emitir el mensaje de que no se van a tolerar violaciones a derechos humanos, coincidieron defensores y especialistas.
Ayer, al informar del cambio de mando, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la medida tenía el objetivo de facilitar una investigación ágil y transparente, aunque no especificó por qué hechos.
Sin embargo, la destitución de Galindo se dio a dos semanas de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que la PF ejecutó arbitrariamente a 22 personas en Tanhuato, Michoacán; además de que la corporación es acusada de abatir a ocho pobladores de Nochixtlán, Oaxaca.
Para Edna Jaime, directora de México Evalúa, el relevo en el mando no solucionará la principal falla estructural de la PF, que es la falta de profesionalización que deriva en un temor actual de hacer uso de la fuerza.
Por ello consideró que la corporación enfrenta un momento decisivo para saber si vamos a tener una Policía alineada con los estándares más elevados o si los esfuerzos se irán por la borda, como en otros años.
"Sería muy sano para la institución saber quiénes dieron las órdenes en Tanhuato, cómo fue la cadena de mando, identificar a los responsables y que haya responsables", comentó.
En ese sentido, Humberto Guerreo, abogado de Fundar, Centro de Análisis, criticó que tras el operativo de Nochixtlán, en vez de anunciar una investigación interna, la Policía Federal intentó negar los hechos.
"Este movimiento de mandos, en un contexto donde no se asumen responsabilidades, no tiene ningún valor como mensaje simbólico de justicia por violaciones a derechos humanos", subrayó.
"Haría falta una investigación a fondo en contra de Galindo, tanto en el área administrativa como penal; por ejemplo, transparentar todas las radiocomunicaciones entre Policía federal y Estatal para ver cuáles fueron las instrucciones y si el principal responsable estuvo enterado".
En tanto, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que si no hay sanción para Galindo, se mandará el mensaje de que los funcionarios se protegen entre ellos.
Demandó mayor presencia de la sociedad civil en el esquema de la PF, para así evaluar que su actuación se dé con respeto a los derechos humanos.
