La situación de vulnerabilidad en que se encuentran las actuales generaciones, el daño que provoca la desintegración familiar y, la ausencia de programas asertivos de prevención el delito, se reflejan en los centros penitenciarios del país, donde la mayoría de sus ocupantes provienen de familias en las que la violencia y las adicciones fueron los verdugos de sus integrantes.
Y es que, la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016, publicada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), en julio de este año, muestra la fragilidad con la que creció la población de los 338 centros penitenciarios federales, estatales y municipales que existen en el país.
En el documento, resultado de un muestreo realizado entre octubre y diciembre del año pasado, se destaca que a pesar de que el 67.3% de los reclusos vivieron hasta los 15 años en familias biparentales (madre y padre); ello no fue garantía para que escaparan de una vida que los condenó a cometer los ilícitos por los que hoy están encerradosñ
El ENPOL 2016, señala que el 32.8% de los presidiarios fueron cuidados en su infancia por personas que consumían alcohol; el 20.5% recibieron gritos constantes en su formación; 16% más fueron agredidos físicamente; 14.3% crecieron en medio de insultos; en tanto, al 8.3% los golpearon y provocaron lesiones.
En el mismo se indica que, en el caso del 5.9% de los actuales reclusos, sus padres o personas que les cuidaron también fueron encarcelados; un 5.5% fue testigo del consumo de drogas en su hogar; el 4.9% de los progenitores o responsables de los hoy encarcelados, fueron acusados de cometer actos ilícitos y al 1.5% los abusaron sexualmente.
La falta de sensibilidad de las autoridades por accionar políticas públicas que coadyuven en el fortalecimiento de las familias, ha incidido de manera negativa en una sociedad que requiere de manera urgente atención en la formación de valores, una población infantil y adolescente que necesita de programas de orientación y de una política adecuada en este tema.
Lejos de hacerlo, el gobierno federal redujo en el presupuesto 2017 los recursos -en casi un 100%-, ldestinados al Programa Nacional de Prevención del Delito, así como a otros relacionados con seguridad y justicia en el país.
En Oaxaca, la historia no es distinta: a 8 meses de arrancar la administración gubernamental encabezada por Alejandro Murat Hinojosa, diputados advierten la necesidad de rehacer el Programa Estatal de Desarrollo, el cual no considera acciones de alto impacto y beneficio para la población oaxaqueña, entre ellas, las tareas que impulsen políticas publicas transversales dirigidas a la prevención y reintegración de las familias, a fin de combatir el flagelo de la delincuencia.
A decir de la Secretaría de Seguridad Pública, a la fecha se han beneficiado 43 mil 962 personas con cursos de capacitación en el tema de prevención del delito e intentan coordinar esfuerzos con las autoridades municipales, dependencias gubernamentales y organizaciones sociales a fin de reducir los actos que atentan contra la seguridad de la población.
