Al quedar firme en el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) requirió a la Secretaría de Seguridad Pública el arresto por 36 horas del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, y de otros miembros de su Cabildo, por no acatar su resolución donde ordena el pago de un millón 320 mil pesos a un ex concejal.
La petición, también incluye a los síndicos Hacendario y Procuradora, Juan José Esperanza Díaz y Lin Zet Santiago Delgado, así como a la regidora de Hacienda y a la tesorera, Sandra Daniela Taurino Jiménez y Berenice Santiago Venegas, respectivamente.
Esta resolución forma parte del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano JDC/169/2016, promovido por el entonces regidor de Comercios, Mercados, Restaurantes y Bares de la administración 2014-2016, Ángel Sierra Rocha –que quedó radicado en el TEEO, el 30 de diciembre del 2016–, para reclamar la violación de sus derechos de votar y ser votado, en su vertiente de desempeño del cargo, por no recibir pago alguno de dietas, bonos, aguinaldos y apoyo extraordinario, entre mayo de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.
Ante esto, el Pleno del TEEO emitió su sentencia, el 6 de marzo del 2017, donde condenó al munícipe y demás miembros del Cabildo, al pago de dietas, bonos y aguinaldo a que tenía derecho Ángel Sierra Rocha, en su carácter de regidor, con el apercibimiento de que en caso de incumplir se impondría una amonestación y posteriormente un arresto, como medios de apremio.
Sin embargo, Cruz González y demás concejales no fueron arrestados por la suspensión provisional concedida en un juicio de amparo que presentaron ante juzgados de distrito en el estado.
La deuda por pagar
Dietas
$819 mil
Bonos
$441 mil
Aguilando
$60 mil
Total
$1 millón 320 mil
La petición de arresto
En un oficio, con fecha de 25 de mayo pasado, que fue recibido el 2 de junio, el Pleno del TEEO requirió al Director Jurídico de la Policía Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, el arresto de 36 horas, como medida de apremio.
Además de estar firmado por su presidente, Carballido Díaz, también fue suscrito por los demás magistrados Víctor Manuel Jiménez Viloria y Raymundo Wilfrido López Vásquez.
