Rodolfo Moreno Cruz cuenta con una especialidad en Principles & tecniques of Fund Raisinsing por parte de Indiana University (Center on Philanthropy). Estudió el Doctordo en Derechos Humanos fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid. Integrante del grupo de expertos para la evaluación del “Perfil Nacional del Juez” proyecto elaborado porde la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). Cuenta con obra publicada en materia de derechos humanos.
-Hoy se discute la desaparición del Consejo de la Judicatura en Oaxaca ¿Qué opina al respecto?
-La creación del Consejo de la Judicatura en México responde a una conquista nacional, además de ser una exigencia internacional, por lo cual no considero apropiado su desaparición. Además de que noto impedimentos legales para hacerlo. Si el órgano es poco eficiente habría que crear las condiciones para lograr su eficacia.
-¿Por qué dice que es una conquista nacional?
-Desde 1966, se vino impulsando la creación de un Consejo a nivel nacional. Fue en el IV Congreso mexicano de derecho procesal cuando se estipuló la importancia de un órgano que sirviera de contrapeso al interior del Poder Judicial. Sinaloa y Coahuila, crearon los primeros consejos. Luego se llevaron a cabo diversos intentos por legislaciones estatales de considerar dicha figura. En todo caso encontró muchas resistencias: se alegaban temas presupuestales, burocratización, limitación a la propia autonomía, entre otros. A partir de 1995 se logró impulsar a nivel nacional una política homogénea de aceptar la importancia de los consejos de la judicatura.
-¿Por qué dice que es una exigencia internacional?
-Existen recomendaciones internacionales que ordenan al Estado mexicano la creación de Consejos de la Judicatura u órganos similares. Cobra alta relevancia la misión a México y el informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, que se presentó ante la Asamblea General de al ONU documentado en el acuerdo A/HRC/17/30/Add y que en el punto 14 menciona muy enfáticamente lo siguiente: “Todas las entidades federativas deberán contar con un Consejo de la Judicatura a nivel estatal”.
Por su parte la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el documento titulado Garantías para la independencia de las y los órganos de justicia, establece la siguiente recomendación para nuestro país del sistema interamericano: “Crear órganos independientes de gobierno y administración de las entidades de justicia.”
-Menciona que hay obstáculos legales ¿Cuáles serían?
-A nivel nacional fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción. Se pretende que tenga una réplica en los sistemas locales. Por ello, en Oaxaca se redactó el artículo 120 de la Constitución del estado de Oaxaca, particularmente en la fracción I, de dicho artículo se menciona que “El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoria Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como por un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana.”
Bajo esta óptica la justificación de la desaparición de un órgano del sistema anticorrupción tendría que pasar una evaluación muy estricta e incluso ciudadana para demostrar que la existencia de dicho organismo no significa un contrapeso al interior del poder judicial.
-¿Cuál sería la posibilidad de mover a los consejeros?
-Conforme a la experiencia, Ninguna. Cito dos casos. En Jalisco, en 2009, el ejecutivo del Estado, pretendió suprimir al consejo de esa Entidad Federativa, alegando entre otros puntos, la ineficacia del mismo. Las voces ciudadanas y académicas se pronunciaron en contra, y al final por la presión social se detuvo la iniciativa: otro caso fue el de Chihuahua, de 2017, cuando el Ejecutivo envió una iniciativa en la cual modificaba al Consejo de la Judicatura pero también removía a los Consejeros. El caso conoció la Suprema Corte de Justicia y en resolución 179/2017, resolvió a favor de los consejeros.
Hay un principio: el de progresividad. Este indica que todos los avances en los derechos humanos y en las instituciones deben ser irreversibles. Yo creo que este el momento de tomarse muy en serio este principio. Es acertado evaluar a las instituciones y proponer cambios. Para utilizar una metáfora: si una persona está enferma de cáncer no se mata a la persona. Se intenta eliminar a la enfermedad. Ojalá el congreso haga una evaluación seria y objetiva. Invite a la sociedad civil y académica a emitir su opinión con miras a la mejoría o transformación, pero nunca a la eliminación. De lo que se trata no es de desaparecer sino de fortalecer al Consejo de la Judicatura, tal como lo señalan las observaciones de los organismos internacionales.
