La necesidad de los gobiernos de cumplir con los tratados internacionales en materia de inclusión, hace que se construyan programas al vapor que muestran el lado humanitario de una institución, pero que no generan las garantías necesarias para quienes deben ser los beneficiarios.
El ejemplo más claro de ello, es la reciente agresión a un auxiliar vial de la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuya facultad es limitativa para sancionar a quienes cometen faltas en la materia que atienden y lo que es peor, que claramente no cuentan con el apoyo total de la corporación.
En abril de 2018, el DIF municipal capitalino puso en marcha el “Programa de Agentes Auxiliares Viales”, que entre el propio sector generó inquietud por las tareas que se asignaron al grupo de nueve personas en silla de ruedas que integran el bloque de participantes.
La tarea para la que fueron considerados es sensibilizar a la sociedad a respetar áreas de uso para ese sector, por lo menos es lo que señalaba el comunicado oficial correspondiente.
La iniciativa consideraba el recorrido de estas personas por las principales calles del centro capitalino y la colonia Reforma, así como el trabajo coordinado con elementos de la Comisaría de Vialidad del Municipio para apoyar en los llamados de auxilio.
Sin embargo, el apoyo que requirió el auxiliar agredido el fin de semana pasado por un adolescente, no fue atendido de manera oportuna por la corporación vial de la ciudad y fueron los ciudadanos quienes entraron en defensa del mismo.
En el video que evidenció el hecho, que justificó la responsable del menor como una reacción al problema de bipolaridad que padece el agresor; se escucha con claridad la desesperación de quien hace el llamado de auxilio ante la dilación del apoyo.
Además de la barrera física que impidió su defensa, de no ser por personas que pasaban por el lugar, el auxiliar vial habría sufrido consecuencias mayores; en la escena, sus compañeros de corporación nunca aparecieron y la explicación es que los auxiliares, no forman parte de la Policía Vial de la ciudad.
Al respecto, el subdirector de Tránsito y Movilidad del gobierno citadino, René Ricárdez Limón reconoció lo anterior y que la acción del grupo se limita al fomento de la responsabilidad vial de los ciudadanos, sobre todo en áreas de utilidad para las personas con discapacidad.
“Yo no sé cuánto ganan, eso le corresponde a Recursos Humanos del Gobierno, si cuentan o no con prestaciones; aquí no pasan lista y tampoco pueden actuar como policías viales porque no están facultados. Personalmente atendí a los infractores y conminé a la madre a que se aplique en la atención del jóven pero nada más”, puntualizó el funcionario.
Con un escueto comunicado donde se condena el acto cometido, el propio Gobierno Municipal muestra el desconocimiento en la conformación y operatividad de los Agentes Auxiliares al considerarlos servidores públicos adscritos a la Subdirección de Tránsito y Viabilidad.
